domingo, 9 de diciembre de 2012

PLATAFORMA JUSTICIA PARA TODOS



La Plataforma Justicia para todos ha sido presentada en la mañana del miércoles 5 de diciembre en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid. La plataforma está constituida por el Consejo General de la Abogacía Española, la USO, UGT, el Consejo de Consumidores y Usuarios, CCOO, y CSIF. Tiene como objetivos el rechazo de todos sus integrantes a la Ley de Tasas Judiciales y al anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita; su oposición a la implantación de medidas que suponen graves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en la jurisdicción laboral; rechazar el establecimiento de tasas a los sindicatos y combatir la imposibilidad de acudir a la Justicia de consumidores y usuarios.


La Plataforma Justicia para Todos considera que las últimas iniciativas legislativas suponen un recorte en el acceso al servicio público de la Justicia y un claro retroceso del Estado de Derecho, al limitar gravemente y, en muchos casos, dejar fuera de las posibilidades reales de acceso a la Justicia a amplios colectivos sociales.


En la presentación, José Luis Fernández Santillana, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de la USO ha manifestado que “el tasazo judicial supone poner precio al ejercicio universal del Derecho a la Justicia, tiene una claro afán recaudatorio y carece de reciprocidad al permitir a las administraciones públicas litiguen frente al ciudadano sin coste alguno mientras que carga sobre una mayoría social el peso económico”. Fernández Santillana ha recordado al Gobierno que está para servir a los ciudadanos y no “para legislar a favor de los intereses de determinados colectivos y entidades atacando a la mayoría de los ciudadanos españoles”.


La Plataforma se opone a la implantación de las tasas, ya que imponen graves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior pronunciamientos judiciales desfavorables en una primera instancia. Se potencia así, a juicio de la Plataforma, la reforma laboral ya que se limita el derecho de los trabajadores a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y lesión de sus derechos.


Asimismo se rechaza que se impongan tasas a los sindicatos, cuando actúan en representación y defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. Igualmente, se opone a la implantación de estas tasas a los empleados públicos y a los propios sindicatos cuando reclaman ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, manifestando su total oposición a cualquier intento de supresión de su legítimo derecho a la Justicia Gratuita.


La Plataforma combatirá el veto que supone el acceso a la Justicia de los consumidores y usuarios para la defensa de sus derechos básicos a la salud, la seguridad, reparación de daños y perjuicios y legítimos intereses económicos, reconocidos en el artículo 51 de la Constitución.


Finalmente, los intervinientes han dejado claro que la Plataforma se constituye con el fin de defender con todos los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado del Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía. También decide aunar y elevar las correspondientes propuestas alcanzadas sobre la reforma de la Justicia a las fuerzas políticas con representación parlamentaria y al Gobierno.


La Plataforma Justicia para Todos queda abierta a cuantas asociaciones, agrupaciones, sindicatos o corporaciones tengan interés en unir sus voces para elaborar una nueva propuesta de modelo de Administración de Justicia.