La Plataforma Justicia para todos
ha sido presentada en la mañana del miércoles 5 de diciembre en la sede del
Consejo General de la Abogacía Española en Madrid. La plataforma está
constituida por el Consejo General de la Abogacía Española, la USO, UGT, el Consejo
de Consumidores y Usuarios, CCOO, y CSIF. Tiene como objetivos el rechazo de
todos sus integrantes a la Ley de Tasas Judiciales y al anteproyecto de Ley de
Justicia Gratuita; su oposición a la implantación de medidas que suponen graves
obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en la jurisdicción
laboral; rechazar el establecimiento de tasas a los sindicatos y combatir la
imposibilidad de acudir a la Justicia de consumidores y usuarios.
La Plataforma Justicia para Todos
considera que las últimas iniciativas legislativas suponen un recorte en el
acceso al servicio público de la Justicia y un claro retroceso del Estado de
Derecho, al limitar gravemente y, en muchos casos, dejar fuera de las
posibilidades reales de acceso a la Justicia a amplios colectivos sociales.
En la presentación, José Luis
Fernández Santillana, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales
de la USO ha manifestado que “el tasazo judicial supone poner precio al
ejercicio universal del Derecho a la Justicia, tiene una claro afán
recaudatorio y carece de reciprocidad al permitir a las administraciones
públicas litiguen frente al ciudadano sin coste alguno mientras que carga sobre
una mayoría social el peso económico”. Fernández Santillana ha recordado al Gobierno
que está para servir a los ciudadanos y no “para legislar a favor de los
intereses de determinados colectivos y entidades atacando a la mayoría de los
ciudadanos españoles”.
La Plataforma se opone a la
implantación de las tasas, ya que imponen graves obstáculos para que los
trabajadores puedan recurrir en una instancia superior pronunciamientos
judiciales desfavorables en una primera instancia. Se potencia así, a juicio de
la Plataforma, la reforma laboral ya que se limita el derecho de los trabajadores
a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y lesión de sus
derechos.
Asimismo se rechaza que se impongan
tasas a los sindicatos, cuando actúan en representación y defensa de los
intereses colectivos de los trabajadores. Igualmente, se opone a la
implantación de estas tasas a los empleados públicos y a los propios sindicatos
cuando reclaman ante los tribunales de lo contencioso-administrativo,
manifestando su total oposición a cualquier intento de supresión de su legítimo
derecho a la Justicia Gratuita.
La Plataforma combatirá el veto que
supone el acceso a la Justicia de los consumidores y usuarios para la defensa
de sus derechos básicos a la salud, la seguridad, reparación de daños y
perjuicios y legítimos intereses económicos, reconocidos en el artículo 51 de
la Constitución.
Finalmente, los intervinientes han
dejado claro que la Plataforma se constituye con el fin de defender con todos
los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado
del Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía. También decide
aunar y elevar las correspondientes propuestas alcanzadas sobre la reforma de
la Justicia a las fuerzas políticas con representación parlamentaria y al
Gobierno.
La Plataforma Justicia para Todos
queda abierta a cuantas asociaciones, agrupaciones, sindicatos o corporaciones
tengan interés en unir sus voces para elaborar una nueva propuesta de modelo de
Administración de Justicia.
