Las Trabajadoras del servicio insular de atención especializada para las víctimas de violencia de género de Tenerife, vuelven a sufrir retrasos en el abono de sus salarios

 La Sección Sindical de USO–CANARIAS en la Asociación Mundo Nuevo denuncia que las trabajadoras del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género SIAM, considerados un recurso esencial durante la pandemia, se enfrentan a una situación de incertidumbre personal y familiar, al haber sido informadas de la imposibilidad de afrontar el pago de sus nóminas a final de este mes. La Sección Sindical por su parte, ha podido saber que esta situación viene provocada por el retraso en el abono de las facturas del servicio por parte del Cabildo de Tenerife.

USO–CANARIAS recuerda que la plantilla lleva sufriendo episodios de retrasos en el abono de las nóminas desde el año 2010, viéndose las profesionales “atrapadas” en medio de un enjambre administrativo del que no son culpables y, a pesar de venir denunciado públicamente esta situación en años anteriores, vuelven a tener que enfrentarse a la incertidumbre de no saber si van a poder afrontar sus facturas, alquileres, hipotecas y demás gastos el próximo mes.

Tania Mosquera, presidenta del Comité de empresa afirmó a este respecto: <“La situación es completamente inverosímil, cómo pretende el Cabildo que las compañeras sigan trabajando sin cobrar y sin una fecha en el horizonte. Lo peor de todo es que esta no es la primera vez que pasa y todo apunta a que volverá a suceder”>.

Las 72 trabajadoras del servicio se quejan que, a pesar de no cobrar, deben de continuar prestando el servicio de atención al estar considerado como servicio esencial por el Cabildo, no pudiendo acogerse a una situación de ERTE por circunstancias Económicas, por lo que ni cobrarán de la empresa ni podrán cobrar prestaciones de ERTE, quedando en una situación de “desprotección laboral”.

10,2 %: el IPC anula las ayudas anticrisis y urge a ligar los salarios a la inflación

 

El IPC adelantado de junio ya pasa de los dos dígitos, y con 10,2 %, se come las nuevas medidas anticrisis

El IPC adelantado de junio ya ha superado los temidos dos dígitos y presenta una subida anual del 10,2 %. Un crecimiento que se conoce a solo unos días de la publicación del paquete de medidas anticrisis que esta inflación prácticamente deja sin efecto.

Desde USO, valoramos algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno en el llamado decreto anticrisis, pero advertimos de que no son la solución.

El incremento del 15 % del IMV afectará a 400.000 personas, así como las pensiones no contributivas en el mismo porcentaje hasta final de año. Esto, junto con la reducción del IVA de la electricidad al 5 % -que no del resto de suministros esenciales, como venimos reclamando desde el inicio de la escalada de precios-, la reducción del precio de títulos de transporte y abonos, o la prórroga de las ayudas al carburante son medidas de choque que, sin duda, ayudan parcialmente a sobrellevar la escalada de precios que estamos sufriendo y que está claro que no es coyuntural. Porque, lejos de ir arreglándose y corrigiéndose, esta pérdida de poder adquisitivo se ha generalizado, se ha enquistado y está alcanzando dimensiones desconocidas.

Estas son las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que recoge medidas anticrisis, en vigor desde el 27 de junio

El Gobierno aprueba una serie de medidas anticrisis recogidas en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio. En él se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania; para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

En él se incluye la prórroga de las medidas previstas en el RD- Ley 6/2022, de 29 de marzo, así como la incorporación de otras nuevas para hacer frente a la actual situación coyuntural. Tras cuatro meses de guerra en Ucrania, la subida general de precios continúa a través, principalmente, del gas natural, los carburantes y los alimentos. Esto afecta a todos los ciudadanos y, sobre todo, a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.