jueves, 16 de septiembre de 2010

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SINDICAL

NUESTROS COMPAÑEROS DE LA USO DE LA SECCIÓN SINDICAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SORIA HAN INICIADO  UNA CAMPAÑA INFORMATIVA  PARA HACER VER A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS LA NECESIDAD DE  UN CAMBIO RADICAL EN EL MODELO SINDICAL , Y LO HACEN ANALIZANDO EL DAÑO QUE ESTOS SINDICATOS ESTÁN HACIENDO NO SOLO EN LOS AYUNTAMIENTOS, SINO A TODOS LOS TRABAJADORES/AS DE ESPAÑA. La afiliación en España es, comparada con cualquier Estado Europeo, muy inferior, por que se ha perdido toda credibilidad. Desde la  FEP-USO-CANARIAS  apoyamos dicha iniciativa  para el CAMBIO SINDICAL  y seguiremos demostrando que somos diferentes. 
Más información en el Blog de la Sección Sindical de USO en el Ayuntamiento de Soria: http://usosoria.blogspot.com/2010/09/ayuntamiento-de-soria-representacion.html

INICIATIVA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS

FIRMADA LA CONSTITUCIÓN DE LA INICIATIVA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS

 POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES E INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA EN CANARIAS




En la mañana del pasado  martes  día 14, en Las Palmas de Gran Canaria, se formalizó  la CONSTITUCIÓN DE LA INICIATIVA DE EMPLEADOS  DE CANARIAS, con la firma del documento por los sindicatos presentes, (USO, STAP, CSC-OCESP, COBAS Y CSI-CSIF). Dicha iniciativa sigue abierta a la adhesión de cuantas organizaciones lo deseen. 

C O N S T I T U C I O N
DE LA DE INCIATIVA DE  EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS

El proyecto de Ley de la Función Pública de todas las Administraciones de Canarias que el Gobierno de Canarias ha puesto sobre la Mesa,  intenta buscar progresivamente la politización de la Administración Pública y de sus empleados, así como el recorte de los derechos de los empleados públicos  de Canarias.
A esto, el propio Gobierno intenta hurtar con esta Ley que perdurará en Canarias durante al menos los próximos 20 años, el debate entre los Empleados Públicos de las distintas Administraciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos, Universidades) y Sectores (Sanidad, Enseñanza, Administración General, Justicia, Empleo y demás Servicios Públicos) con  mesas técnicas para debatir el proyecto de Ley, con ausencia de buena fe negocial en las mismas, y donde ni siquiera están presentes los representantes de los 88 Ayuntamientos, los 7 Cabildos y las Universidades Canarias, y conseguir tramitar una Ley en pocos meses.
 La falta de capacidad de diálogo que existe en el gobierno de Canarias y la falta de compromiso real de nuestro Gobierno en cuanto a una Administración cercana y eficiente al servicio del ciudadano, es más que palpable con esta Ley, con la cual intenta abrir la puerta de las administraciones públicas a muchas personas afines a los Partidos políticos, sin cualificación profesional en el sector público, así como recortar y conculcar derechos sociales que tienen los empleados públicos en leyes de mayor rango normativo.
        El desarrollo de la Ley de la Función Pública en Canarias es un paso importante y necesario en un proceso de reforma de las Administraciones Públicas, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en Canarias a las necesidades de nuestro presente y futuro, en línea  con las reformas que se vienen emprendiendo en todo el País y en los países Europeos.
Inexistencia de un desarrollo normativo amplio y consensuado de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, que se adecue a las expectativas generadas entre los profesionales del sector público y los ciudadanos.
La ley debe partir de la premisa de la defensa del sector público como pilar esencial del estado social consagrado en la Constitución. Asimismo debe figurar como motivo de la ley la necesaria estabilidad en el empleo público, como garante de la imparcialidad, la eficacia y la eficiencia de sus empleados, frente a la politización alarmante que existe en nuestra Administración Pública en Canarias, el respeto a los derechos adquiridos por los empleados públicos, la necesidad de articular medidas consensuadas para una progresión profesional en la Administración y el reconocimiento del servicio público que se presta a los ciudadanos, entre otros.
La necesidad de organizar y coordinar todas las fuerzas sindicales en el sector de las administraciones públicas en Canarias y a los propios empleados públicos individualmente y a colectivos ciudadanos y otras organizaciones sociales, han llevado a los sindicatos  firmantes a tomar dicho acuerdo.