viernes, 28 de junio de 2013

Se entregan 217.000 firmas en el Defensor del Pueblo para blindar las pensiones en la Constitución



Una representación de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), de la que la USO forma parte,  se ha reunido este jueves 27 de junio, con el adjunto primero de la Defensoría del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para entregarle las primeras 217.000 firmas ciudadanas que exigen el "blindaje constitucional "de las pensiones públicas.

 A lo largo de más de una hora, se le ha transmitido al señor Fernández Marugán la preocupación social por la degradación a que se somete al sistema público de pensiones. Solicitándole que la Defensoría del Pueblo actúe como mediador, elevando hasta las instituciones representativas esta reivindicación ciudadana.


La delegación de la MERP estaba integrada, entre otros, por el actor Manuel Galiana, secretario general de la Unión Sindical Obrera, Julio Salazar, el portavoz de Los Verdes-Grupo Verde, Juan Carlos Martínez, la secretaria general de Alternativa Sindical de Trabajadores, Teresa Rodríguez, Mariano Navarro, presidente de Partido Castellano Madrid, Ernesto Morales, presidente de la Juventud Obrera Cristiana, Francisco Javier López, portavoz de Piratas de Madrid, Juan Rivero, secretario general del Partido de Mayores y Autónomos, Miguel Ángel López de Ciudadanos de Centro Democrático, la secretaria general de Unificación Comunista de España, María José Salvador, el presidente de ATTAC-España, Ricardo Zaldívar, y Marta Marbán, subsecretaria de Expansión de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Durante la reunión, los representantes de la MERP le han explicado al Adjunto Primero a la Defensora del Pueblo el propósito de promover el debate, la reflexión y la participación ciudadana. Con el objetivo de incluir en la Constitución la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones. Y hacerlo mediante un referéndum donde el conjunto de la sociedad española podamos decidir democráticamente.

La Mesa Estatal pro Referéndum de las Pensiones se constituyó el pasado 12 de abril. Está formada por 40 organizaciones, representantes de sectores plurales y diversos que coinciden en la defensa de las pensiones públicas.
Durante la reunión, los representantes de la MERP le han detallado al adjunto a la Defensora del Pueblo que esta es la primera oleada de firmas, y que se sucederán diferentes entregas en los próximos meses.

Tras sellar y registrar en la Defensoría del Pueblo las primeras 217.000 firmas entregadas, el señor Fernández Marugán se ha comprometido a estudiar la forma de atender a esta exigencia ciudadana.

DENUNCIA DE LA PRECARIEDAD LABORAL EN EL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE TENERIFE



  
Rafael González Martín, miembro de la Junta de Personal de la AGE en esta provincia, en representación de los sindicatos USO-Acaip, y funcionario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, denuncia que en los últimos dos años, en el Servicio Provincial de Costas en esta provincia se han producido una serie de bajas en la plantilla del personal laboral y funcionario por diversos motivos: jubilaciones, finalizaciones de contrato, traslado a otros destinos, enfermedades de larga duración, etc. y que dichas plazas  no han sido cubiertas, habiendo sido incluso amortizadas algunas de ellas en la relación de puestos de trabajo.

Pese a la buena voluntad de los empleados públicos del Servicio Provincial, que han asumido cargas de trabajo cuya competencia correspondería a niveles superiores al que les es remunerado y a que han tenido que realizar labores sin la debida formación técnica previa, la capacidad para atender al público con la calidad debida ha ido mermando, al aumentar la carga de trabajo por persona.

El nivel de desmantelamiento en este Servicio Provincial en el momento actual es tal que el Servicio de Actuación Administrativa, encargado de la gestión jurídica del Servicio Provincial,  y la sección de Recursos Humanos, han quedado sin personal para realizar su trabajo específico, lo cual a su vez, repercute en el resto del trabajo del Servicio Provincial.

Todo ello se traduce en una ralentización en la atención al público en sus peticiones (solicitudes de información, trámite de expedientes de autorizaciones, concesiones, etc), y especialmente, en la paralización de la actividad sancionadora del Servicio Provincial, lo que implica que muchas ocupaciones ilegales en la costa puedan quedar impunes, o sin poderse efectuar la recuperación posesoria de esos espacios públicos.

Para la FEP de USO no es admisible que un Servicio Provincial pueda quedar carente de asesoramiento jurídico y de gestión de personal, y no entiende el silencio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en este sentido, pese a haberle sido requerido mediante escrito firmado por los representantes sindicales del personal laboral y funcionario una solución urgente a dicha situación, o a las diversas peticiones realizadas por la Jefa del Servicio Provincial para dotar las plazas vacantes.

Tampoco se entiende bien el mutismo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya que con la actual política de reducción de empleados públicos hasta niveles extremos, lejos de mejorarse el déficit presupuestario estatal, se genera una mayor pérdida de ingresos, en este caso, por la pérdida de la recaudación de los expedientes sancionadores que se caducan ante la falta de actuación. Esta política ministerial incluso impide la realización de uno de los objetivos fundamentales del Servicio Provincial de costas, como es el de mantener la costa libre de ocupaciones ilegales.

Es una necesidad urgente e imprescindible la dotación de personal, especialmente en puestos de responsabilidad como los indicados. Por todo lo expuesto, la FEP de la USO, exige al Gobierno del Estado español, a través de los distintos Ministerios implicados en la gestión del personal de la AGE las siguientes medidas urgentes:

1 - Dotación urgente de personal funcionario, en cualquiera de las modalidades reconocidas por la legislación vigente (interinidad, comisión de servicios, convocatoria de plazas vacantes, etc.) de forma que puedan cubrirse todas las plazas de responsabilidad actualmente vacantes.

2 – Realización urgente de cursos de formación específicos para el uso de programas en los distintos puestos de trabajo del Servicio Provincial, destinados tanto al personal funcionario como al laboral.

3 – En caso de asumirse tareas de responsabilidad superior a la del puesto de trabajo oficialmente ocupado, reconocer tal hecho e incrementar la remuneración salarial en el importe correspondiente al grado del trabajo que realmente se ejecuta.