La protección laboral de las trabajadoras
en situación de embarazo o lactancia es un derecho consagrado por nuestro
ordenamiento jurídico. La Constitución consagra, entre otros derechos, el
derecho a la vida y a la integridad física y moral, así como el deber de los
poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo; esto
incluye velar por supuestos de especial vulnerabilidad, como los de embarazo o
lactancia materna, ante condiciones de trabajo inseguras y/o peligrosas.
En el Artículo 26
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se plasman cuestiones
esenciales en materia de “Protección a la maternidad” tales como: