viernes, 10 de mayo de 2013

UNA SENTENCIA ABRE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA FORMACIÓN A TODAS LAS ORGANIZACIONES SINDICALES.



USO acaba con el monopolio de UGT y CC.OO en las ayudas a la Formación Continua.




Tras 5 años de litigio, el TSJC anula la convocatoria del Gobierno cántabro para la Formación Continua por discriminatoria.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia sobre un recurso interpuesto por USO que acaba con el monopolio de los sindicatos UGT y CC.OO en la concesión de subvenciones públicas para planes de formación continua.

USO interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria para la concesión de ayudas públicas destinadas a la realización de planes de formación continua del año 2007 realizada por la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria, cuya titular era Dolores Gorostiaga.

Dicha convocatoria centraba las ayudas a la formación tanto a la CEOE como a los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO, excluyendo al resto de formaciones sindicales que no tuvieran la consideración de “más representativas”.

USO ha basado su recurso en la inconstitucionalidad de la convocatoria por ser discriminatoria y pedía la nulidad de la resolución administrativa.

El TSJC, que ha esperado 5 años a que el Tribunal Constitucional resolviese esta cuestión y que el Tribunal Supremo sentara jurisprudencia, ha dictado sentencia por la cual considera que la condición de sindicato más representativo no puede justificar la discriminación al acceso de determinadas ayudas.

El TSJC considera que “se rechazan por vulneración de la libertad sindical la concesión a esos sindicatos más representativos, con exclusión de los demás, de subvenciones para fines sindicales que lo son de todos los sindicatos”. El TSJC prosigue diciendo que la Administración favorece a los sindicatos más representativos, refiriéndose a UGT y CC.OO.

La sentencia rechaza por tanto la exclusividad de los dos sindicatos mayoritarios y abre las subvenciones públicas para formación a todas las organizaciones sindicales.

La sentencia anula la orden 5/2007 de 7 de agosto de la Consejería de Empleo y Bienestar Social citada con anterioridad.

Los servicios jurídicos de USO estudian las consecuencias de la sentencia y las posibles acciones a desarrollar en defensa del sindicato y sus afiliados y afiliadas.