Nos encontramos en un momento decisivo en la regulación del sistema de trabajo no presencial. La pandemia causada por la Covid-19 obligó a las Administraciones Públicas a dar impulso al teletrabajo para dar cobertura a servicios públicos garantizando así la seguridad y salud de su personal. Esto aceleró la necesidad de efectuar una regulación específica y detallada de esta modalidad de trabajo para sector público, debiéndose desarrollar la actual y escasa regulación mediante el desarrollo y elaboración de los protocolos y/o procedimientos específicos para la puesta en práctica del teletrabajo en los diferentes sectores públicos, siempre mediante la negociación colectiva en las diferentes mesas de negociación o convenios colectivos, en su caso.A nivel preventivo, no podemos olvidar que los empleados y empleadas públicas que teletrabajan también tienen derecho a que la Administración proteja su seguridad y salud mientras desempeñan sus funciones en el lugar de su domicilio donde prestan sus servicios.
