Tras
seis años como plataforma, y tras haber registrado en la Defensoría del Pueblo
un millón y medio de firmas pidiendo el blindaje constitucional de las
pensiones, “el día 17 de enero se llevó al fin al Congreso de los Diputados,
hemos sentado a los portavoces del Pacto de Toledo y les hemos expuesto nuestra
reivindicación. Ha sido positivo, es una idea que en general está bien
aceptada. Algunos grupos consideran que sí hay lagunas, aunque otros consideran
que ya están suficientemente blindadas en la Carta Magna. Nosotros entendemos
que no es así, dados los resultados que tenemos en este momento en el sistema
público de pensiones”, narra Sara García, secretaria de Acción Sindical y
Salud Laboral de USO y portavoz de la MERP.