El sindicato critica que se estigmatice a los empleados públicos y exige políticas centradas en la conciliación, la formación y la estabilidad laboral.
El anuncio del Gobierno de endurecer las sanciones a los funcionarios públicos por impuntualidad ha generado un aluvión de críticas.
Entre las medidas más controvertidas, se contempla la posibilidad de suspender de empleo y sueldo hasta 30 días a los empleados públicos que incumplan injustificadamente su horario laboral.
Javier Toro, Secretario General de FAC-USO, ha calificado la medida como un «ataque indiscriminado a los empleados y empleadas públicas de este país».
En palabras de Toro, «asistimos con estupor e incredulidad a una iniciativa que no hace más que demonizar al conjunto de los empleados públicos, recurriendo a estereotipos obsoletos y alejados de la realidad del trabajo diario en la Administración».
FAC-USO subraya que los actuales reglamentos y normas disciplinarias ya contemplan sanciones para los incumplimientos graves, por lo que consideran innecesario este endurecimiento.
«Una vez más, se pretende dejar a los pies de los caballos a los empleados públicos frente a la opinión pública, presentándonos como el problema en lugar de reconocer nuestra labor esencial en el funcionamiento de los servicios públicos», denuncia el sindicato.
Desde la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO se exige que el foco se traslade hacia medidas que realmente mejoren la Administración Pública y la vida laboral de sus trabajadores.
«Es urgente abordar la conciliación familiar y laboral, la formación continua, la estabilización del personal en abuso de temporalidad y la implantación definitiva de la Carrera Profesional recogida en el TREBEP, entre otras cuestiones», recalca Toro.
Además, el sindicato reclama recuperar el poder adquisitivo perdido en las últimas décadas y critica que «los empleados públicos siempre somos quienes pagan los platos rotos en tiempos de crisis, pero nunca se nos recompensa cuando la situación mejora».
