martes, 21 de febrero de 2012

ASAMBLEA 29 DE FEBRERO



                       
                            
USO-CANARIAS CONVOCA  UNA ASAMBLEA DE TRABAJADORES, DELEGADOS Y AFILIADOS  EL DÍA 29 DE FEBRERO, A LAS 10,00 H , EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO SINDICAL, PARA INFORMAR  SOBRE LA REFORMA LABORAL Y EL II ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, FIRMADO POR LA CEOE, CCOO  Y UGT.

 
“TE ESPERAMOS”

¡¡¡ NOS JUGAMOS NUESTRO FUTURO Y EL DE NUESTROS HIJOS!!!

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"Máxima austeridad" en las retribuciones salariales de alta dirección en todas las AA.PP


FEP-USO EXIGE MÁS MEDIDAS REALES DE AUSTERIDAD
 
El pasado 17 de febrero se aprobó un Acuerdo, por parte del Consejo de Ministros, por el que se solicita un dictamen de urgencia del Consejo de Estado sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

Ni siquiera es una medida definitiva, ya que todavía tiene que pasar por el dictamen de los elefantes blancos que se sientan en el Consejo de Estado, auténtico cementerio de elefantes, dónde los consejeros y consejeras vitalicios perciben un salario de  72.800 euros (según  los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011) no incompatible además con otras retribuciones que perciben en concepto de indemnización por altos cargos.

Pues bien, el objetivo de esta nueva norma, que nuestro Gobierno tiene intención de aprobar, es conseguir la máxima austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, según ha declarado la Vicepresidenta del Gobierno.

A la hora de determinar las retribuciones salariales, las entidades públicas se clasificarán en tres grupos atendiendo a criterios como el volumen o cifra de negocio, el número de trabajadores de la sociedad, la necesidad o no de financiación pública, el volumen de inversión o las características propias del sector en el que desarrolla su actividad.

Las entidades que constituyan el grupo 1 no podrá exceder  de quince miembros en sus Consejos de Administración,  doce  las del grupo 2 y nueve miembros para aquellas entidades que se integren en el grupo 3.

Al parecer, con la nueva estructura organizativa se estima que se reducirá en un centenar el número de consejeros de las empresas del sector público.
 
Las retribuciones salariales a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección se clasificarán en básicas y complementarias.

La retribución básica no podrá exceder, en cómputo anual, de los 105.000 euros para los directivos de aquellas entidades comprendidas en el grupo 1; los 80.000 euros para las del grupo 2 y los 55.000 euros para la del grupo 3.

A esta cantidad básica se le sumará un complemento de puesto y, si así se dictaminase, un complemento variable.

El primero de estos complementos retribuirá las características específicas de las funciones desarrolladas. Se tendrá en cuenta la competitividad externa, el nivel de responsabilidad o el peso relativo del puesto dentro de la organización.

El complemento variable incentivará las buenas prácticas de gestión empresarial y se determinará en función de la consecución de unos objetivos previamente establecidos por el sector público.

Tanto el complemento de puesto como el variable no podrán superar el porcentaje máximo fijado para el grupo en el que se clasifique la entidad.

La retribución final fijada incluirá todo tipo de retribuciones, incluidas las que se perciban en especie.

EL PROBLEMA ES, QUE, DE APROBARSE, ESTA MEDIDA ÚNICAMENTE AFECTARÁ A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, Y NO A LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS, EN LAS QUE CONVIVEN CIENTOS Y CIENTOS DE CHIRINGUITOS EMPRESARIALES CUYO ÚNICO OBJETIVO O COMETIDO ES EL DE COLOCAR EN PUESTOS RETRIBUIDOS CON LOS IMPUESTOS DE TODOS AL PERSONAL “EXCEDENTE” DE LA POLÍTICA, DEL AMIGUISMO Y DEL ENCHUFISMO.

Desde FEP-USO, aunque valoramos como positiva esta medida, seguimos exigiendo a los gestores de lo público la definitiva eliminación de gastos superfluos y reiteramos una vez más nuestras propuestas para acabar con el despilfarro en las Administraciones Públicas:
  • Eliminación definitiva de los planes privados de pensiones en las AAPP.
  • Reducción del 50 % de altos cargos, y limitación de las retribuciones más altas en las AAPP.
  • Recortes del gasto corriente, inversiones en publicidad y supresión de gastos en ágapes e inauguraciones.
  • Integración de los diferentes departamentos en un único edificio público de servicios múltiples en las localidades pequeñas (ahorro energético y seguridad)
  • Reducción del sueldo en un 20% de todos los altos cargos de nivel político: asesores, responsables de empresas públicas, fundaciones, etc, así como las retribuciones de los parlamentarios estatales y autonómicos.
  • Utilización del software libre en todas las Administraciones Públicas.
Seguimos insistiendo, una y otra vez, en que no se puede empezar a hablar de reducción de gastos haciendo lo fácil (reducciones o congelaciones salariales) sin entrar en el verdadero fondo del problema: excesivo gasto innecesario en las AAPP.
Cuando hicimos llegar a los diferentes representantes políticos el Informe FEP-USO sobre Homologación Retributiva, ya enumeramos  nuestras principales propuestas y soluciones, entre las que destacamos:

Reconocimiento por parte de TODAS las Administraciones, de que existe un descontrol retributivo que debe ser armonizado.
  • Creación de una Comisión de Trabajo o Grupo Parlamentario, que estudie en profundidad esta situación y haga propuestas concretas
  • Aumentar en las retribuciones la parte salarial (básicas) y reducir, proporcionalmente los complementos en su misma cuantía.
  • Armonizar en el desarrollo estatutario (EBEP) o mediante nueva Ley, un sistema retributivo igual en todas las Administraciones Públicas, que impida en el futuro perpetuar esta situación caótica.
  • Creación de un nuevo cuerpo gestionado por la Administración General del Estado (podría ceder la gestión a las CC.AA., si estas quieren asumirla), en donde se integrarán los empleados públicos de la Administración Local.
  • Eliminación de los complementos especiales, que los empleados públicos que hubieren ocupado cargos de director general o asimilados disfrutan durante toda el resto de su vida laboral.

CREEMOS PROFUNDAMENTE QUE CON LA ADOPCIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE NUESTRAS PROPUESTAS SE ACABARÍA DE RAÍZ CON EL PROBLEMA DE DÉFICIT  PÚBLICO DESBOCADO POR EL QUE ATRAVIESA NUESTRO PAÍS.