“NO ES CULPABLE QUIEN LA CONVOCA SINO QUIEN LA PROVOCA”
El Secretario General Confederal de
la Unión Sindical Obrera (USO) ha hecho esta contundente declaración, tras la
presentación ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la convocatoria
de la Huelga General del próximo 14 de noviembre junto a los secretarios
generales de CC.OO, UGT, CGT y la Confederación Intersindical. En declaraciones
ante los medios de comunicación y los simpatizantes de los sindicatos que han
acudido a la cita, Julio Salazar ha manifestado que “no es plato de buen gusto
tener que convocar esta Huelga General pero que la responsabilidad de la
necesidad de convocatoria hay que situarla en el Gobierno y sus políticas que
han hecho que el malestar social se haya ido acumulando paulatinamente hasta
desembocar en esta situación”.
Julio Salazar ha recordado que la
USO está demandando al Gobierno que “escuche y asuma a la mayoría social
que está reclamando la reforma y profundización de la democracia y el cambio de
las políticas de ajuste y austeridad por otras que posibiliten el crecimiento
económico, la generación de empleo y el mantenimiento de la protección social”.
En el escrito de convocatoria
presentado se especifica lo siguiente:
PRIMERO.- El Comité Confederal de la Unión Sindical Obrera, a propuesta de la Comisión
Ejecutiva Confederal (CEC) ha decidido, en su reunión ordinaria de los días 22
y 23 de Octubre de 2012, convocar una HUELGA GENERAL de 24 horas, que afectará
a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los
trabajadores y empleados públicos de las empresas y organismos establecidos
dentro del ámbito geográfico y jurídico del Estado Español.
SEGUNDO.- En virtud de ello, la UNIÓN SINDICAL OBRERA procede, por medio del
presente escrito, en tiempo y forma, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 3 y 4 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, a COMUNICAR a ese
organismo la decisión adoptada, advirtiéndole que el paro convocado afectará
también a las empresas y organismos encargados de prestar servicios públicos
y/o esenciales para la comunidad.
TERCERO.- El paro convocado tendrá lugar durante la jornada del día 14 de Noviembre
de 2012, comenzando a las 0 horas y terminando a las 24 horas del citado día
14. Durante la jornada del día 13, únicamente cesarán en su actividad laboral y
funcionarial los trabajadores y funcionarios cuya prestación profesional esté
relacionada con la elaboración de productos, servicios y aprovisionamientos que
habrán de tener efectos inmediatos el día 13, tales como abastecimientos de
mercados centrales y periféricos, edición, reparto y venta de prensa diaria,
etc.
CUARTO.- Por otra parte, en aquellas empresas que tengan varios turnos de trabajo,
el comienzo del paro general se efectuará en el primer turno y su finalización
tendrá lugar una vez terminado el último turno.
QUINTO.- Esta huelga general convocada para el 14 de Noviembre, tiene como
objetivos:
I. El rechazo y la reversión de
la reforma del mercado laboral, ley 3/2012 de julio, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral, que ha conllevado un retroceso sin precedentes
en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tanto en su vertiente
individual como colectiva.
La reforma laboral iniciada con el
Real Decreto-ley 3/12, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral, y consolidada
con la Ley 3/12, de 6 de julio, de igual nombre, ha provocado una ruptura
de los pilares básicos del derecho de trabajo, introduciendo en nuestro
derecho laboral el despido libre y gratuito a través del nuevo contrato de
apoyo a los emprendedores; otorgando al empresario un poder absoluto
sobre las condiciones laborales de los trabajadores; dando carta libre al
empresario para la extinción de los contratos de trabajo, por la triple vía de
facilitar las causas objetivas, tanto en el despido individual como en el
colectivo; eliminar la autorización administrativa y abaratar sustancialmente
la indemnización por despido disciplinario, con clara afectación al despido
objetivo y al colectivo; y finalmente erosionando el poder contractual
colectivo de los trabajadores al romper el sistema de negociación
colectiva.
Esta reforma, que se ha justificado
por el Gobierno como necesaria para la creación de empleo, ha producido el
efecto contrario, una mayor, más rápida y más barata destrucción de empleo, con
menores derechos y garantías para los trabajadores e incremento desmesurado de
las tasas de desempleo que a finales del segundo trimestre del 2012, tras cinco
meses de vigencia de la reforma, alcanza un porcentaje del 24,65 sobre la
población activa, lo que supone que casi 5,7 millones de trabajadores se
encuentran en situación de desempleo. Prácticamente ya una de cada cuatro
personas que quiere trabajar y busca empleo, no puede hacerlo. Además, la
cobertura de las prestaciones por desempleo sigue cayendo, y en la actualidad
sólo beneficia al 67% de los desempleados, 13 puntos menos que hace dos
años.
Especial afectación tiene y va a
tener en la destrucción de empleo del sector público, la prohibición
incorporada en el Estatuto de los trabajadores por la Ley 3/12 de que las
Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho
publico, con la sola excepción de las que se financien con ingresos obtenidos
por operaciones realizadas en el mercado, puedan acudir a la suspensión temporal
de contratos o reducción de jornada como medida de flexibilidad interna para
evitar los despidos colectivos.
Mayor destrucción de empleo que se
verá igualmente incrementada ante la medida del Gobierno de no prorrogar, en
los supuestos de despidos objetivos, la reposición de la prestación de
desempleo consumida en las suspensiones o reducciones de jornada
que se produzcan a partir del 1 de enero de 2013, medida que incentivaba
ajustes internos sobre las extinciones de contratos.
Esta reforma recoge diferentes
medidas denominadas de flexibilidad interna que lo que suponen es la
desregulación de las relaciones laborales, de las que destacamos las siguientes
por su especial gravedad:
- Se eliminan las categorías profesionales para facilitar la polivalencia funcional.
- Se amplía para todos los trabajadores la distribución irregular del 10% de la jornada anual unilateralmente por parte de la empresa.
- Se amplía la capacidad de descuelgue de las empresas, no sólo en conceptos salariales sino en otras materias como jornada, horario, distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y sistema de remuneración. Se minimizan las causas económicas por las que se puede aplicar los descuelgues.
- La ultra actividad queda limitada y los convenios sólo seguirán vigentes un año tras su caducidad, salvo pacto de las partes.
- La Reforma desmantela el sistema de negociación colectiva, al dar prioridad a los convenios de empresa en un número importante de materias (cuantía del salario base y de los complementos, horario y distribución del tiempo de trabajo, medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal…) sin que los acuerdos interprofesionales o sectoriales puedan establecer lo contrario.
II. El rechazo y la reversión del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha supuesto
un nuevo ajuste de los derechos laborales de los trabajadores del sector público,
tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los funcionarios y que
castiga especialmente a un sector de la sociedad víctima de la crisis y
especialmente vulnerable, los desempleados.
1. La reforma operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, ha supuesto un nuevo ajuste de los derechos laborales de
los trabajadores del sector público, tanto de los trabajadores por cuenta ajena
como de los funcionarios.
La reforma suprime la paga
extraordinaria de Navidad en 2012; reduce las prestaciones durante las
situaciones de incapacidad laboral transitoria y en más del 50% los días
de libre disposición y permisos; rompe el régimen de eficacia de los convenios
colectivos del personal laboral otorgando un poder unilateral al empleador público;
reduce los créditos y permisos sindicales y reforma el régimen de los
órganos de representación de los empleados públicos en la Administración
General del Estado.
Estas medidas, sumadas a las que ya
vienen afectando a los trabajadores del sector público desde la aprobación del
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo, no sólo tienen un fuerte impacto en sus retribuciones, y en
consecuencia en su poder adquisitivo, sino también en aspectos nucleares de sus
condiciones individuales de trabajo y en sus derechos colectivos.
2. La reforma operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, castiga al colectivo que con especial intensidad está
padeciendo la profunda crisis que afecta a España, los
desempleados.
En una situación como la que está
sufriendo España, en la que no dejan de crecer las tasas de desempleo y las de
riesgo de pobreza, el Gobierno no cesa en el recorte de las prestaciones por
desempleo, tanto de nivel contributivo como asistencial.
El Real Decreto-ley 20/2012 ha
disminuido el importe de la prestación contributiva e incrementado las
cotizaciones a la Seguridad Social en dicho periodo; se ha elevado la edad de
52 a 55 años para poder acceder al subsidio previo a la jubilación, se ha
reducido su periodo de duración que sólo alcanza hasta que se tenga derecho
cualquiera de las modalidades existentes de jubilación, se disminuye la
cotización en dicho periodo con afectación al importe de las futuras pensiones;
desaparece el subsidio especial para mayores de 45 años con una duración de 6 meses;
se endurecen los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción (RAI) y el
de carencia de rentas para acceder a cualquiera de los subsidios y se reduce el
derecho a la prestación, o en su caso subsidio de desempleo, para los
trabajadores con contratos a tiempo parcial.
Asimismo, esta situación de recorte
en las prestaciones por desempleo, en un momento en el que es mayor la
exigencia constitucional prevista en el artículo 41 de nuestra norma suprema,
de garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, se agrava ante la
rebaja de la partida para las prestaciones de desempleo en el proyecto de ley
de PGE 2013, que pone en serio peligro el mantenimiento del plan PREPARA más
allá del próximo mes de febrero.
Ante las consecuencias tan
profundamente negativas en el mercado de trabajo y en particular en los
derechos de los trabajadores, de las medidas anteriormente descritas, se
requiere su sustitución por otras negociadas que respetando el necesario
equilibrio en las relaciones laborales, los derechos individuales y colectivos
de los trabajadores, conlleven el mantenimiento y la creación de empleo y la
debida protección de los desempleados.
III. El rechazo y la exigencia de
cambio radical de las políticas sociales del gobierno que están conllevando un
desmantelamiento del Estado del bienestar y están ya debilitando derechos
constitucionales básicos que son fundamento del contrato social y de la
convivencia democrática en España.
Desde el comienzo de su mandato, el
Gobierno actual ha centrado su política de consolidación presupuestaria en los
recortes sociales y con ese objetivo ha ido aprobando una sucesión de medidas
sobre medidas, con las que está arrasando de forma vertiginosa los
derechos sociales de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país. La ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012; el Real
Decreto-ley 16/20012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad y ahora el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2013, son una muestra de esta línea de actuación a la que hay que sumar las que
ya han adoptado y están por adoptar las Comunidades Autónomas en sus
respectivos presupuestos, ante la negativa del Gobierno de conceder a las
Autonomías el margen de tiempo para reducir la deuda otorgado por la Unión
Europea.
El sistema de protección a las
personas en situación de Dependencia está corriendo la misma suerte antes de
haberse culminado su implantación. El proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2013 implica una reducción de casi 500 millones de euros respecto
del presupuesto inicial de 2012, continuando con una política cuyo principal
resultado ha sido que desde febrero hasta hoy el Sistema viene reduciendo
sistemáticamente el número de personas que tienen derecho a estar atendidas. El
proyecto marca como objetivo atender a sólo 850.000 personas en situación de
dependencia de los más de un millón que tienen actualmente reconocido el
derecho. Esta es la continuidad de una política de fuerte retroceso en los
niveles de protección a los más necesitados que quedó plasmada mediante la
reforma estructural del sistema operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio. Nuevamente se reproduce el mismo patrón regresivo en términos
sociales. Con dicha reforma se persigue el recorte drástico del ya modesto
gasto social público dedicado a los servicios sociales de dependencia, la
reducción del universo de personas protegidas y el cambio de modelo de
protección para transitar hacia la mercantilización del mismo, lo que
profundizará en las desigualdades: las personas dispondrán de una cobertura
desigual en calidad y cantidad, en función de su mayor o menor capacidad
económica y se empuja nuevamente a las mujeres, particularmente a las de menos
recursos, a asumir la responsabilidad y la carga de los cuidados.
En materia de Educación los
recortes a la enseñanza están hipotecando el futuro de nuestro país, el
gobierno debería mantener la inversión pública en educación si queremos que
nuestro sistema educativo alcance mejores niveles y la sociedad salga de la
crisis con las mejores garantías y expectativas de futuro. Los recortes ponen,
además, en peligro la calidad de nuestro sistema educativo, con medidas que
suponen una reducción de plantillas y de unidades concertadas que ponen en
serio peligro sus puestos de trabajo y van en contra de los derechos laborales de
los docentes. Expresamos nuestro rechazo contra los recortes salariales, la
reducción de profesores interinos, la disminución de presupuestos educativos,
incremento de la jornada lectiva y el aumento del número de horas de alumnos
por aula. La inversión en educación es garantía de futuro, que deben mantenerse
unas condiciones dignas para los trabajadores y que los presupuestos educativos
deben atender especialmente a las situaciones de los más desfavorecidos y de
los alumnos con necesidades educativas especiales.
IV. El rechazo a las
políticas económicas y fiscales tanto a nivel europeo como en
España que lejos de dinamizar la economía están profundizando la crisis,
incrementando el desempleo y la pobreza.
Transcurridos ya casi cinco años
desde que se empezaron a percibir los primeros síntomas de la crisis en
nuestro país, no cabe achacar a sus causas originarias la persistencia y
gravedad de su impacto. Más allá de la virulencia del seísmo financiero que se
inició en EEUU y se extendió al resto del mundo, y de la quiebra de nuestro
modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria, el
empobrecimiento al que estamos sometidos desde hace dos años y la erosión de
nuestro estado de bienestar obedece a otras razones, que son las erróneas políticas
aplicadas desde entonces, subordinando todo al ajuste drástico del déficit.
Estas políticas, que comenzaron a
aplicarse nítidamente en nuestro país en mayo de 2010, se han extendido y
profundizado en los once meses de gobierno del Partido Popular y han afectado,
como se ha descrito anteriormente, a derechos laborales básicos y a
nuestro estado del bienestar.
Además el Real Decreto-ley 20/2012,
también ha aprobado la subida del IVA (que el Gobierno había negado una y otra
vez), con lo que, junto a otras medidas impositivas puntuales, y junto a las
que desde el mes de diciembre del pasado año se han ido aprobando, constituyen
una auténtica reforma fiscal encubierta orientada hacia el único objetivo de
recaudar más, y que carga el peso del esfuerzo sobre las clases medias y
trabajadoras, mientras se muestra complaciente con las grandes fortunas y las
bolsas de fraude.
V. Que no se lleven a efecto las
previsiones existentes de nuevos recortes en nuestro sistema público de
pensiones, de prestaciones por desempleo y protección social que están siendo
requeridos desde determinadas instancias internacionales, encarnándose bien vía
Presupuestos Generales del Estado para el 2013, o bien a raíz de la probable
solicitud del rescate de la economía española.