Si a mitad del
pasado año se procedía a finalizar el contrato de servicios que existía con la
empresa pública Tragsatec,
lo que supuso el despido de un grupo de trabajadores contratados que realizaban
trabajos de tipo técnico para el Servicio Provincial, desde entonces se han
venido sucediendo una serie de bajas de personal en esta Administración por
distintas causas, que no son repuestas por el Ministerio. Las jubilaciones,
enfermedades de larga duración y cambios de destino del personal funcionario,
no sólo no se reponen mediante el oportuno concurso, comisión de servicio o
contrato temporal, sino que incluso, el Ministerio llega a amortizar algunas de
dichas plazas, eliminando así la posibilidad futura de reponerlas.
En esta dinámica
se ha llegado a un punto tal en el que diversos departamentos del Servicio
Provincial se han ido quedando sin personal, tal y como ocurrirá en el próximo
mes de mayo con el Servicio de Actuación Administrativa, encargado de la
asistencia jurídica del Servicio Provincial, y del Área de Servicios Generales,
encargado de los trámites de recursos humanos.
Estos recortes
continuos se traducen en un aumento de carga de trabajo al personal que queda
en activo, y en la ejecución de tareas correspondientes a categorías superiores
(grupo A2 y A1) a personal con niveles inferiores (C1 y C2), sin aumentar la
remuneración por ello. Todo ello supone un claro ejemplo de explotación y
abuso por parte de la Administración del Estado para con sus empleados, a los
que además de recortar el sueldo en varias ocasiones, les obliga en casos como
este, a aumentar la carga y grado de responsabilidad en el trabajo.
A todo ello se
suman los recortes presupuestarios, que impiden realizar todo tipo de trabajos
sobre el terreno, sea el realizar una obra de mejora o limpieza en la costa,
una recuperación de espacios ilegalmente ocupados, o una ejecución de
sentencia.
Ni por parte de
la Delegación de Gobierno en la provincia, ni por parte del Ministerio parece
haber intención de dar soluciones prontas y efectivas a este grave problema. Y
decimos grave porque el recorte de personal se traduce en una notable demora en
la tramitación de expedientes, de solicitudes de todo tipo y en la ejecución de
trabajos.
No se puede
exigir que se mejore el rendimiento del trabajo al tiempo que se suprimen las
condiciones para que éste pueda llevarse a cabo. En este ambiente asistiremos
por tanto a una disminución en la capacidad de realizar recuperaciones
posesorias en los casos de ocupación ilegal en el litoral, así como a una
inoperatividad para poder autorizar o aprobar concesiones en el tiempo que los
ciudadanos reclaman, o incluso, a la incapacidad de ejecutar expedientes
sancionadores en los casos de faltas y delitos cometidos en el ámbito de la
costa.
Tal vez el oscuro
intento que haya detrás de todas estas maniobras sea, una vez más, el
desacreditar la imagen del empleado público ante la sociedad, y de poder
justificar a la larga una nueva privatización de servicios que hoy son
públicos.
En un
servicio público tan importante como es el de garantizar el mantenimiento de
ese carácter público que la propia Constitución reconoce a la costa, la actual
política de personal y recursos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, y del Gobierno español en general, condenan a los servicios
periféricos a la incapacidad de realizar el trabajo en la manera efectiva que
se supone debemos hacer.
Las consecuencias
las pagaremos todos, más tarde o más temprano, con el irreparable daño en un
sector tan sensible como son nuestras costas.
Rafael González Martín
Delegado de la USO