viernes, 12 de abril de 2013

DESMANTELAMIENTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS EN TENERIFE






Si a mitad del pasado año se procedía a finalizar el contrato de servicios que existía con la empresa pública Tragsatec, lo que supuso el despido de un grupo de trabajadores contratados que realizaban trabajos de tipo técnico para el Servicio Provincial, desde entonces se han venido sucediendo una serie de bajas de personal en esta Administración por distintas causas, que no son repuestas por el Ministerio. Las jubilaciones, enfermedades de larga duración y cambios de destino del personal funcionario, no sólo no se reponen mediante el oportuno concurso, comisión de servicio o contrato temporal, sino que incluso, el Ministerio llega a amortizar algunas de dichas plazas, eliminando así la posibilidad futura de reponerlas.

En esta dinámica se ha llegado a un punto tal en el que diversos departamentos del Servicio Provincial se han ido quedando sin personal, tal y como ocurrirá en el próximo mes de mayo con el Servicio de Actuación Administrativa, encargado de la asistencia jurídica del Servicio Provincial, y del Área de Servicios Generales, encargado de los trámites de recursos humanos. 

Estos recortes continuos se traducen en un aumento de carga de trabajo al personal que queda en activo, y en la ejecución de tareas correspondientes a categorías superiores (grupo A2 y A1) a personal con niveles inferiores (C1 y C2), sin aumentar la remuneración por ello.  Todo ello supone un claro ejemplo de explotación y abuso por parte de la Administración del Estado para con sus empleados, a los que además de recortar el sueldo en varias ocasiones, les obliga en casos como este, a aumentar la carga y grado de responsabilidad en el trabajo.

A todo ello se suman los recortes presupuestarios, que impiden realizar todo tipo de trabajos sobre el terreno, sea el realizar una obra de mejora o limpieza en la costa, una recuperación de espacios ilegalmente ocupados, o una ejecución de sentencia.

Ni por parte de la Delegación de Gobierno en la provincia, ni por parte del Ministerio parece haber intención de dar soluciones prontas y efectivas a este grave problema. Y decimos grave porque el recorte de personal se traduce en una notable demora en la tramitación de expedientes, de solicitudes de todo tipo y en la ejecución de trabajos. 

No se puede exigir que se mejore el rendimiento del trabajo al tiempo que se suprimen las condiciones para que éste pueda llevarse a cabo. En este ambiente asistiremos por tanto a una disminución en la capacidad de realizar recuperaciones posesorias en los casos de ocupación ilegal en el litoral, así como a una inoperatividad para poder autorizar o aprobar concesiones en el tiempo que los ciudadanos reclaman, o incluso, a la incapacidad de ejecutar expedientes sancionadores en los casos de faltas y delitos cometidos en el ámbito de la costa. 

Tal vez el oscuro intento que haya detrás de todas estas maniobras sea, una vez más, el desacreditar la imagen del empleado público ante la sociedad, y de poder justificar a la larga una nueva privatización de servicios que hoy son públicos.

 En un servicio público tan importante como es el de garantizar el mantenimiento de ese carácter público que la propia Constitución reconoce a la costa, la actual política de personal y recursos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y del Gobierno español en general, condenan a los servicios periféricos a la incapacidad de realizar el trabajo en la manera efectiva que se supone debemos hacer.

Las consecuencias las pagaremos todos, más tarde o más temprano, con el irreparable daño en un sector tan sensible como son nuestras costas. 

Rafael González Martín
Delegado de la USO