TRAGSA, una empresa de capital público, se encargará de parte de la gestión.
Una vez aprobado
por el Consejo de Ministros el “Ingreso mínimo vital” se encomienda al INSS la
gestión de este, como una prestación no contributiva y ante la necesidad de
prever la sobrecarga de trabajo que ello conlleva, la Dirección General
ha diseñado un plan para realizar el trabajo extraordinario que esta prestación
va a suponer.
Plan que no ha sido negociado con los representantes sindicales y del que hemos tenido información a través de las direcciones provinciales que ya están pidiendo voluntarios.