En una sentencia de fecha 3 de
diciembre de 2012, la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
denuncia la politización del Tribunal de Cuentas y advierte que ya hay más
funcionarios de libre designación, nombrados por los partidos políticos, que
funcionarios que hayan obtenido la plaza por concurso.
La sentencia, dictada tras un
recurso presentado por la Asociación de los cuerpos superiores de letrados y
auditores del Tribunal de Cuentas, contra la convocatoria de libre designación
efectuada por la Resolución de 4 de julio de 2011, relativa a la adjudicación
del puesto de trabajo "Subdirector Adjunto de la Asesoría Jurídica, estima
que en la actualidad el número de puestos ocupados por funcionarios de los
Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas es inferior
al de los cubiertos con funcionarios de Cuerpos Superiores de las Administraciones
Públicas y de la Seguridad Social, lo que infringe el artículo 89.1, c) de la
Ley 7/1988, de 5 de abril ( RCL 1988, 731 ) , que establece que el número de
funcionarios pertenecientes a Cuerpos distintos de los propios del Tribunal de
Cuentas no podrá sobrepasar el total del conjunto de las plantillas de los
Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del mismo.
En un varapalo sin precedentes, el
Tribunal Supremo dictamina que la idea principal de que la libertad legalmente
reconocida para estos nombramientos discrecionales no es absoluta sino que
tiene unos límites.
Estos limites están representados
por las exigencias que resultan inexcusables para demostrar que la potestad de
nombramiento respetó estos mandatos constitucionales: que el acto de
nombramiento no fue mero voluntarismo y cumplió debidamente con el imperativo
constitucional de interdicción de la arbitrariedad ; que respetó, en relación a
todos los aspirantes, el derecho fundamental de todos ellos a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos; y que el criterio
material que finalmente decidió el nombramiento se ajustó a las pautas que
encarnan los principios de mérito y capacidad.
Desde FEP-USO mostramos nuestra satisfacción
porque el Alto Tribunal comience a darse cuenta de que la proliferación como
setas de nombramientos de funcionarios de libre designación, en todas las
Administraciones Públicas, está llevando a un alto riesgo de politización de la
función pública.
En especial, en este caso del
Tribunal de Cuentas, con el riesgo añadido de que este órgano es el que debe
fiscalizar las cuentas de los partidos políticos en nuestro país, asunto muy de
moda en los últimos tiempos, y que, por lo que deja entrever la Sentencia
emitida por el Tribunal Supremo, está en manos de los propios partidos
políticos que se encargar de realizar los nombramientos de libre designación.
