miércoles, 7 de septiembre de 2011

CONCENTRACIÓN POR LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN


 

“NO SIN MI VOTO” 
  
REFERENDUM YA

 




En la tarde del martes, la USO  junto con otros sindicatos, asociaciones y  algunos integrantes del movimiento 15-M, se concentraron delante de la Subdelegación del Gobierno, para  protestar por la reforma de la Constitución, que incluirá un techo de gasto.

 

lunes, 5 de septiembre de 2011

CAMPAÑA SOTERMUN-USO




En colaboración con UNICEF,
SOTERMUN-USO lanza campaña solidaria
con los niños y niñas de Somalia






El hambre es un crimen,
en Somalia y en todas partes.




viernes, 2 de septiembre de 2011

Concentración Martes día 6 de Septiembre



 CONCENTRACIÓN

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Las organizaciones sociales acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, pedir a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Esta demanda es especialmente conveniente para Canarias, porque nuestras islas necesitan de fuertes inversiones que corrijan los graves desequilibrios que padecemos en nuestro archipiélago, no podemos tolerar compromisos políticos que hipotequen las políticas que puedan revertir el deterioro socioeconómico que padecemos.
Por eso: Exigimos un referéndum vinculante.

Porque la ciudadanía debe decidir.

Porque no queremos una democracia orgánica.

Porque queremos un futuro para Canarias.

ACUDE A LA CONCENTRACIÓN EL PRÓXIMO MARTES 6 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS ANTE LA SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO.

martes, 30 de agosto de 2011

REFORMA CONSTITUCIONAL




La USO rechaza el contenido de la reforma constitucional por el fondo y la forma de la misma.



La USO, junto con  otras organizaciones sindicales y sociales hace el siguiente llamamiento para expresar públicamente su rechazo a la reforma constitucional que se propone, pidiéndole a los diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario, y aún así de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum.

No se puede hacer  una reforma que no resolverá los problemas de crecimiento y de empleo que necesita España para iniciar la salida de la crisis, ni en la forma en que se ha materializado, al final de la legislatura y deprisa sin un debate profundo sobre el contenido de la misma y sus consecuencias. 


LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM

Las organizaciones sociales  acuerdan manifestar públicamente su rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española elaborada por los responsables de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, pedir a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Consideramos que por su contenido y por sus plazos de aplicación esta reforma no va a ayudar a la reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, una reforma fiscal equitativa y progresiva y un permanente rigor en el uso del gasto público.

Al mismo tiempo impone una grave limitación a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno presupuestario de las diferentes administraciones públicas.  Esto afectará gravemente a su capacidad de utilizar la política presupuestaria al servicio de los objetivos de la política general. Supuestamente motivada por los ataques especulativos a las deudas soberanas, la reforma introduce en nuestra máxima norma jurídica  un factor económico de carácter netamente procíclico que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que nuestra economía no entre, en el futuro, en una recesión. Constituye también una amenaza permanente para las prestaciones e instituciones del Estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.

Si el contenido es rechazable, el procedimiento que se va a adoptar para su aprobación es inaceptable: se va a producir con la legislatura agotada, se anuncia en pleno período de vacaciones, se quiere aprobar definitivamente transcurridos sólo quince días desde que el Presidente del Gobierno la propusiera el 23 de agosto, se quiere realizar sin debate político ni social de ninguna clase y, finalmente, sin que la reforma sea sometida a referéndum.

Por todo ello y teniendo en cuenta que su contenido –la constitucionalización de la obligación de equilibrio presupuestario y límite de la deuda en las cuentas de las administraciones públicas- es una opción ideológica y política que además de ser errónea e inútil tiene un carácter marcadamente conservador, podemos afirmar que esta reforma rompe el consenso constitucional sobre el que se basó la elaboración de nuestra Carta Magna.

Ante la gravedad de este proceder, las organizaciones sociales abajo firmantes consideran necesario que la ciudadanía exprese públicamente:

1.     Su rechazo a la reforma constitucional que se propone

2.    La petición a los/as diputados/as y senadores/as de que no la voten favorablemente en el trámite parlamentario.

3.   La exigencia de que si la propuesta es aprobada por el Parlamento sea sometida a referéndum

Para ello, las organizaciones firmantes  llaman a la ciudadanía y a las fuerzas políticas y sociales a que participen en las movilizaciones que se convoque. Conscientes de la necesidad de trabajar por la convergencia de todas las organizaciones y plataformas que estamos contra esta reforma de la Constitución, acuerdan en particular:

1.    Convocar concentraciones y manifestaciones los días 31 de agosto y 1 de septiembre en las distintas localidades del Estado español

2.  Apoyar la participación en las demás concentraciones y movilizaciones que se convoquen estos días contra la reforma de la Constitución y por la convocatoria de un referéndum

3.   Apoyar iniciativas de diferente naturaleza, en particular la recogida electrónica de firmas

4.   Culminar con una manifestación en Madrid el próximo martes, 6 de septiembre a las 19:00 entre Cibeles y Sol.
                                                                                                      

martes, 23 de agosto de 2011

¿¿ MEDIDAS ANTICRISIS ??

 
PRIMERO  LOS  CIUDADANOS 
DESPUÉS  LOS  MERCADOS
 


 
La USO considera que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros llegan tarde y sólo son buscan contentar a nuestros socios comunitarios, anunciando un recorte del gasto público a través de racionalizar el gasto farmacéutico  y de incrementar los ingresos mediante un adelanto de la tributación del impuesto de sociedades.
 

La rebaja temporal del IVA para la adquisición de la vivienda habitual, no aportara nada a los ciudadanos sino pueden acceder al crédito para financiar la adquisición y por tanto creemos que lo prioritario debería ser facilitar el acceso al crédito a las familias, autónomos y pymes.

El adelanto del impuesto de sociedades (solo algunas empresas)  es un anticipo a cuenta para que el Gobierno obtenga liquidez,  ya veremos cómo quedan las cuentas cuando se cierre el ejercicio correspondiente a 2012.

El decreto-ley con las nuevas medidas anticrisis será presentado el próximo martes en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.

miércoles, 10 de agosto de 2011

 LIDERES SINDICALES EXIGEN UNA CUMBRE G20 DE EMERGENCIA

 

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lunes, 25 de julio de 2011

APROBADA LA REFORMA DE LAS PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Los acuerdos económicos derivados de la firma de los Pactos de la Moncloa, transformaron en el 1977 la  Seguridad Social.



Las reformas del sistema se iniciaron en 1985 con la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social, que supuso un endurecimiento de los requisitos de acceso al sistema de pensiones y un ajuste de las prestaciones, estableciéndose un mínimo de quince años de cotización para tener derecho a una pensión y elevaba el periodo para calcular su importe de 2 a 8 años.

En 1990 se establecían  las pensiones no contributivas para los ciudadanos que no hubiesen cotizado nunca o no lo suficiente. (ASEGURA A TODOS LOS CIUDADANOS , QUE NO TENGAN DERECHO A UNA PENSIÓN CONTRIBUTIVA POR NO HABER COTIZADO NUNCA O EN SU CASO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA TENER DERECHO A LA PERCEPCIÓN DE UNA PENSIÓN CONTRIBUTIVA,  EN SITUACIÓN DE JUBILACIÓN Y EN ESTADO DE NECESIDAD UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA, ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA GRATUITA Y SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS).


Aprobado el Pacto de Toledo en el  1995 en el Congreso, el documento establecía las principales medidas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones de la Seguridad Social.


El texto recomendaba la separación de las fuentes de financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la constitución de reservas para períodos de bajada de ingresos.

La Ley de Consolidación y Racionalización de 1997 es el resultado del compromiso adquirido por todos los partidos políticos en el Pacto de Toledo.

La normativa establecía que las cotizaciones sociales financiarían las prestaciones contributivas, mientras que las aportaciones del Estado sufragarían las no contributivas.


 Se propuso también  la constitución de un fondo de reserva con cargo a los excedentes de las cotizaciones sociales y se aumentaba de 8 a 15 años el periodo de referencia para el cálculo de la pensión.


La cuantía de la pensión se establecía en el 100 % para los beneficiarios con 35 años de cotización, mientras que con 25 años cotizados se obtenía el 80 % y con 15 años, el 50 % .



La ley introducía por primera vez de forma permanente la revalorización automática de las pensiones en función de la inflación y mantenía la edad legal de retiro en los 65 años.

El Gobierno se comprometió a permitir la jubilación anticipada a partir de los 61 años a trabajadores afiliados a la Seguridad Social con posterioridad al 1 de enero de 1967, siempre que contaran con 30 años cotizados.


En virtud de dicho acuerdo, en 2002 se aprobó la Ley de Jubilación Gradual y Flexible.


La ley contemplaba la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y recompensaba la prolongación de la vida laboral, aunque endurecía el periodo mínimo necesario para acceder a pensión y restringía el acceso a la jubilación parcial.
 
La USO  rechaza  la reforma de las pensiones, aprobada  definitivamente por el Congreso y avalada por los sindicatos CCOO y UGT al considerar que representa el mayor recorte de los derechos sociales del período democrático (recorta la  cuantía de las pensiones en más de un 15%)  y que con ella se castiga doblemente a los más necesitados y a quienes hayan tenido un empleo precario.

Algunas de las enmiendas que presentó la USO, fueron aceptadas durante la tramitación parlamentaria como la modificación para la aplicación de los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas para los que cotizan por la pensión máxima y el reconocimiento de la injusticia que sufren los trabajadores fijos discontinuos y los contratados  en el acceso al derecho y cuantía de la pensión.

La USO reconoce como un avance que se haya establecido el plazo de un año para que el Gobierno presente una propuesta de modificación para acabar con el trato injusto que perciben esos colectivos.

Por el contrario, lamenta que no fueran tenidas en cuenta otras enmiendas, como el hecho de que la ampliación de las pensiones fuera de forma voluntaria, así como el acceso a la jubilación anticipada con contrato de relevo de los empleados públicos.