Sábado 02 de julio
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MINISTERIO DE DEFENSA- Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada
Lunes 04 de julio
Nombramientos, situaciones e incidencias
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Lunes 04 de julio
Nombramientos, situaciones e incidencias
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Hace apenas tres meses, hemos asistido al intento baldío, en forma de ley, de atajar la temporalidad endémica de nuestro sector público. Intento, el primero al que se ha dado rango de ley. Baldío, porque el Gobierno ha convalidado para sí unas condiciones laborales que persigue, sin embargo, en el sector privado. Los gobernantes de todos los ámbitos geográficos y sus gestores de personal juegan con una doble vara de medir en cuanto a estabilidad en el empleo de varios cientos de miles de empleados públicos; varios cientos de miles que ni ellos mismos tienen cuantificados con exactitud.
Parece increíble que se permita que, en las Administraciones Públicas, que son de entera competencia de los gobiernos, se permita lo que critican, persiguen y penalizan en el sector privado, como es el abuso de la temporalidad y de la contratación en fraude de ley de su personal.
La definición de fraude de ley es clara: Se comete un fraude de ley cuando se realiza un acto jurídico, amparándose en una ley de cobertura, con la intención de alcanzar objetivos impropios de esa norma y, además, contrarios a otra ley o al ordenamiento jurídico.
En esta situación se encuentran cientos de miles de trabajadores, tanto del sector público como del privado. La diferencia radica en las diferentes interpretaciones que se hacen de las relaciones laborales: la aplicación pura y dura de la legislación existente para el personal laboral de la empresa privada; y otra, distinta, mucho más laxa, para el personal laboral, estatutario y funcionario.
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Desde USO, valoramos algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno en el llamado decreto anticrisis, pero advertimos de que no son la solución.
El incremento del 15 % del IMV afectará a 400.000 personas, así como las pensiones no contributivas en el mismo porcentaje hasta final de año. Esto, junto con la reducción del IVA de la electricidad al 5 % -que no del resto de suministros esenciales, como venimos reclamando desde el inicio de la escalada de precios-, la reducción del precio de títulos de transporte y abonos, o la prórroga de las ayudas al carburante son medidas de choque que, sin duda, ayudan parcialmente a sobrellevar la escalada de precios que estamos sufriendo y que está claro que no es coyuntural. Porque, lejos de ir arreglándose y corrigiéndose, esta pérdida de poder adquisitivo se ha generalizado, se ha enquistado y está alcanzando dimensiones desconocidas.
En él se incluye la prórroga de las medidas previstas en el RD- Ley 6/2022, de 29 de marzo, así como la incorporación de otras nuevas para hacer frente a la actual situación coyuntural. Tras cuatro meses de guerra en Ucrania, la subida general de precios continúa a través, principalmente, del gas natural, los carburantes y los alimentos. Esto afecta a todos los ciudadanos y, sobre todo, a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.
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El Juzgado de lo Social número 15 ha dictado sentencia de fijeza en el CSIC para un interino que llevaba prestando servicios durante más de 11 de años, y tras demanda presentada por USO. En este caso, además, “no se habla de la figura de indefinido no fijo, que vulnera la doctrina europea, sino que se habla directamente de fijeza”, destaca Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO.
En su fallo, la magistrada estima la demanda, “reconociendo que la relación laboral con la entidad demandada es de carácter indefinido (fijeza) desde el 1 de marzo de 2011, categoría de Titulado Superior Actividades Técnicas y Profesionales, jornada a tiempo completo y retribución acorde a la categoría, condenándose a la entidad demandada a estar y pasar por esta declaración”. Todo ello, debido a que “debe entenderse viciada la relación laboral, al haberse celebrado el contrato en fraude de ley”, infringiendo tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Código Civil.
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