El Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina sobre el reconocimiento médico como tiempo efectivo de trabajo tras conflicto colectivo en al empresa Ilunion Seguridad. USO analiza esta nueva sentencia, que, aunque reitera, no unifica su doctrina, así como la postura de la Inspección de Trabajo.
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La Ley que regula el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo ya está en el BOE. Tras una tramitación parlamentaria caótica, con aprobación de enmiendas en la Comisión, rechazadas luego mediante la aprobación de votos particulares, la Ley 12/2022, de 30 de junio, entra en vigor.
Desde USO, entendemos que esta norma es totalmente innecesaria, ya que los planes de pensiones de empleo ya están regulados. Además, creemos que la creación de un fondo que se denomina público, pero gestionado por entidades privadas, podría entenderse como una competencia desleal. No solo a los actuales fondos, sino, lo que es más grave: la Administración compitiendo con la propia Administración.
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El paro sigue bajando en junio, con un aumento considerable de las contrataciones a tiempo parcial y de fijos discontinuos. En general, con datos que globalmente parecen positivos, pero que se dan en un país donde “trabajar no es garantía de vivir dignamente”, resume Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Las cifras de parados se reducen en 42.409 personas y crece la afiliación media a la Seguridad Social en 115.607. Bajadas habituales a la entrada del verano, con la temporada alta de turismo. “Pero la bajada es desigual. El colectivo que más se beneficia de ese descenso es el de los hombres adultos. Entre las mujeres, el paro baja mucho más lentamente, casi el 1 %, y cada más está cerca de suponer el 60 % del paro. Y, entre los menores de 25 años, sube. Mujeres y jóvenes asumen de nuevo la peor recuperación de la crisis”, analiza el secretario general de USO.
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Lunes 04 de julio
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Hace apenas tres meses, hemos asistido al intento baldío, en forma de ley, de atajar la temporalidad endémica de nuestro sector público. Intento, el primero al que se ha dado rango de ley. Baldío, porque el Gobierno ha convalidado para sí unas condiciones laborales que persigue, sin embargo, en el sector privado. Los gobernantes de todos los ámbitos geográficos y sus gestores de personal juegan con una doble vara de medir en cuanto a estabilidad en el empleo de varios cientos de miles de empleados públicos; varios cientos de miles que ni ellos mismos tienen cuantificados con exactitud.
Parece increíble que se permita que, en las Administraciones Públicas, que son de entera competencia de los gobiernos, se permita lo que critican, persiguen y penalizan en el sector privado, como es el abuso de la temporalidad y de la contratación en fraude de ley de su personal.
La definición de fraude de ley es clara: Se comete un fraude de ley cuando se realiza un acto jurídico, amparándose en una ley de cobertura, con la intención de alcanzar objetivos impropios de esa norma y, además, contrarios a otra ley o al ordenamiento jurídico.
En esta situación se encuentran cientos de miles de trabajadores, tanto del sector público como del privado. La diferencia radica en las diferentes interpretaciones que se hacen de las relaciones laborales: la aplicación pura y dura de la legislación existente para el personal laboral de la empresa privada; y otra, distinta, mucho más laxa, para el personal laboral, estatutario y funcionario.
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Desde USO, valoramos algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno en el llamado decreto anticrisis, pero advertimos de que no son la solución.
El incremento del 15 % del IMV afectará a 400.000 personas, así como las pensiones no contributivas en el mismo porcentaje hasta final de año. Esto, junto con la reducción del IVA de la electricidad al 5 % -que no del resto de suministros esenciales, como venimos reclamando desde el inicio de la escalada de precios-, la reducción del precio de títulos de transporte y abonos, o la prórroga de las ayudas al carburante son medidas de choque que, sin duda, ayudan parcialmente a sobrellevar la escalada de precios que estamos sufriendo y que está claro que no es coyuntural. Porque, lejos de ir arreglándose y corrigiéndose, esta pérdida de poder adquisitivo se ha generalizado, se ha enquistado y está alcanzando dimensiones desconocidas.
En él se incluye la prórroga de las medidas previstas en el RD- Ley 6/2022, de 29 de marzo, así como la incorporación de otras nuevas para hacer frente a la actual situación coyuntural. Tras cuatro meses de guerra en Ucrania, la subida general de precios continúa a través, principalmente, del gas natural, los carburantes y los alimentos. Esto afecta a todos los ciudadanos y, sobre todo, a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.
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