El Congreso convalida la reforma de los convenios y tramitará la de las pensiones
El Gobierno afronta una semana decisiva en materia laboral en el Congreso de los Diputados, donde se convalida el real decreto-ley sobre la reforma de la negociación colectiva y se empiezan a debatir las numerosas enmiendas presentadas a la reforma de las pensiones.
Ambas iniciativas han sido desarrolladas por el Ministerio de Trabajo y, mientras que en el caso de las pensiones la reforma viene avalada por el consenso alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, en el de los convenios colectivos ha sido el Gobierno el que se ha visto obligado a legislar ante la falta de acuerdo de los agentes sociales.
La principal medida de dicha reforma es retrasar dos años (hasta los 67) la edad legal de jubilación actual, aunque se seguirá permitiendo retirarse a los 65 años a aquellos trabajadores que hayan cotizado 38 años y 6 meses.
La reforma, que se empezará a aplicar a partir de enero de 2013 y hasta 2027, también eleva de los actuales 15 años a 25 el período que se tiene en cuenta para calcular la base reguladora de la futura pensión. Asimismo, habrá que acreditar 37 años de cotización para cobrar el 100 % de una pensión contributiva.
ENMIENDAS
Entre las enmiendas presentadas por el PSOE destaca una referida a que las empresas de más 500 trabajadores que obtengan beneficios y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 un expediente de regulación de empleo (ERE) tendrán que asumir el pago del subsidio por desempleo de los despedidos.
Este cambio legislativo lo ha planteado el Gobierno después de que Telefónica anunciara en abril un ajuste del 20 % de su plantilla en tres años.
Mientras, los grupos parlamentarios del PP y del PNV reclaman que se suprima el retraso de la jubilación a los 67 años y que se mantenga la edad legal en los 65.
La previsión del Ejecutivo es que la reforma se apruebe definitivamente en julio.
Ese plazo también lo baraja para la reforma de la negociación colectiva, que este miércoles se enfrenta a su primer trámite: el Pleno debe decidir si la convalida o la devuelve al Gobierno.
Además, también está previsto que se vote si ha de tramitarse como proyecto de ley, algo que ya han solicitado varios partidos.
La reforma facilita que las empresas no apliquen el régimen salarial previsto en los convenios de ámbito superior, lo que se conoce como "cláusula de descuelgue", durante un plazo máximo de tres años. Asimismo, en el real decreto-ley se reducen los plazos para renovar los convenios. Para los convenios con una duración de dos años el plazo máximo será de 8 meses, mientras que será de 14 meses cuando la vigencia del convenio sea superior a los dos años.
La USO no puede ni estar callada, ni quieta, ante este recorte que supone una modificación sustancial de los derechos sociales, largamente peleados.
¡¡NO TE QUEDES CALLADO!!
