REGISTRO CIVIL, PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN MACHA, SPJ-USO:
El Gobierno no para en su afán privatizador, y ahora le ha tocado el turno
al Registro Civil.
El Consejo de
Ministros aprobará de forma inminente la modificación de la Ley del Registro
Civil.
El borrador de
la ley supone la privatización del servicio público del registro civil aun
cuando en repetidas ocasiones llama funcionarios a los registradores y aunque
formalmente lo son materialmente operan como una empresa privada en toda regla
y en régimen de monopolio legal.
Otra vuelta de
tuerca más a los bolsillos de los ciudadanos ya que, lo que ahora es gratis, a
partir del momento de publicación de la aprobación de la reforma se tendrá que
pagar el correspondiente arancel.
El borrador de
la Ley tampoco clarifica qué ocurrirá con los funcionarios de justicia hasta
ahora destinados en los registros civiles.
Gallardón
está convirtiendo en hechos sus amenazas, a la reciente aprobada Ley de Tasas,
se suma la anunciada Reforma Integral de los Registros, conllevando un
encarecimiento de la Justicia con medidas que solo tienen objetivos
recaudatorios y disuasorios para el ciudadano y a la vez supresión de puestos
de trabajo en la Administración de Justicia y pérdida de derechos de los
trabajadores.
Ahora,
pretende entregar a los Registradores de la propiedad y mercantiles los temas
de registro civil. Si bien ya en la anterior reforma del Registro Civil
aprobada por la Ley 20/2011 de 21 de Julio (que aún no ha entrado en vigor)
pretendía la desjudicialización de los mismos entregando los Registros Civiles
a las CCAA y Corporaciones Locales, ha dado un paso más pretendiendo privatizar
por completo dichas oficinas judiciales.
El único objetivo de esta reforma es la de favorecer a
las corporaciones de registradores y notarios, cuyos beneficios se dispararon
en plena burbuja inmobiliaria y se han visto disminuidos cuando ésta ha
explotado.
Otro colectivo que se beneficiará serán los Notarios, ya que ellos también
participan en este Negocio, al atribuirles la competencia para la celebración
del matrimonio, procedimiento de concesión de la nacionalidad española por
razón de residencia, poderes, etc.
Así,
el registrador cobraría y se enriquecería por cada ciudadano que naciera,
creciera, cambiara de domicilio, tuviera hijos, otorgara poderes, hiciera
testamento, se casara o divorciara y al fin se muriera.
Además,
cada vez que alguien pidiera una certificación de matrimonio o de nacimiento o
de lo que fuere, estaría obligado a pasar por la caja.
Así,
el proyecto que comentamos entregaría a los registradores de la propiedad y
mercantiles, sin previo concurso público, la explotación comercial del Registro
Civil actuando en un régimen de absoluto monopolio, vendrían a apropiarse de un
negocio sin prima de riesgo alguna a costa de todos los españoles.