Justicia avanza en la administración digital
para la prestación de servicios en Internet y mejora en la gestión
administrativa.
El Consejo de Ministros
aprobó el pasado viernes un acuerdo por el que se autoriza una inversión
de 11,7 millones de euros para la prestación de servicios de desarrollo y
mantenimiento de las aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia en el
marco de las competencias de la División de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
El objetivo es mejorar
la atención al ciudadano en sus trámites con el Ministerio de Justicia a través
de la web institucional y la Sede Electrónica y avanzar hacia una gestión
cada vez más digital y eficiente de los servicios generales del Ministerio para
dar respuesta a la demanda creciente de la sociedad en este ámbito y en
conformidad con lo dispuesto en el actual marco normativo.
La finalidad del contrato
es la prestación de un servicio integral que abarcará desde la concepción de
las aplicaciones hasta su construcción y posterior validación de los requisitos
funcionales y de seguridad y permitirá asegurar su evolución de acuerdo a las
necesidades de modernización y simplificación en la tramitación de los
servicios. El plazo de ejecución del contrato es de dos años prorrogable por un
periodo de otros dos.
En la actualidad,
Justicia dispone de un parque de aplicaciones informáticas que posibilitan la
prestación de servicios al ciudadano. Estos sistemas informáticos facilitan la
actividad habitual del Ministerio en materia de recursos humanos, contratación
y gestión de registros administrativos, así como la gestión de los
procedimientos administrativos sectoriales en el ámbito del departamento. En su
mayoría se trata de desarrollos propios o de adaptaciones de aplicaciones del
Ministerio de Hacienda y Función Pública de uso común en la Administración
General del Estado. Asimismo, se gestionan la página web institucional y los
cuadros de mando que explotan los datos generados por las aplicaciones propias
del Ministerio o adquiridos de otras fuentes para la toma de decisiones de
diseño de políticas públicas.
Este proyecto supone un
nuevo paso hacia la plena transformación digital de la administración
pública y reafirma el compromiso del Ministerio de Justicia con la
Estrategia en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la
Administración General del Estado.