Las rimbombantes negociaciones mantenidas
por Hacienda y Función Pública con determinadas organizaciones sindicales van
camino de convertirse en una auténtica tomadura de pelo. Un golpe bajo tanto a
la inteligencia de los empleados públicos como en nuestra cesta de la compra.
De las ostentosas
propuestas de subida salarial que partían de un 20% hemos pasado a un raquítico
sistema mixto -fijo más un variable según el PIB- que con toda probabilidad, no
llegará a cubrir el incremento del IPC en los años 2018, 2019 y 2020. Se habla
de un fijo de un 1,5% para el 2018 más un incremento variable entre el 0,25% y
el 0,5% según el PIB; de 1,75% para el 2019 más un incremento variable entre el
0,5% y el 0,75% según el PIB; y un 2% para el 2020 más un incremento variable
entre el 0,5% y el 0,75% según el PIB. Por lo que de la recuperación de poder
adquisitivo, nada de nada. Incluso tenemos dudas de que vaya a superar el IPC
de los referidos años.
Y de la
recuperación de los derechos sustraídos durante la crisis: descuento del 5% en
el 2010, complemento de IT, ayudas Acción Social, carrera profesional, jornada
de trabajo, etc. Nada de nada. Sin olvidarnos que en algunas Administraciones
ni tan siquiera se ha recuperado la totalidad de la Paga Extra hurtada en el
2012, ni otros descuentos equivalentes sustraídos en 2013 y 2014. Ni tan
siquiera parte de los días de asuntos particulares, por poner un ejemplo.
Por no pagar, a
muchos empleados públicos, ni tan siquiera se nos han abonado todavía los
atrasos de la subida del 1% del 2017.
Desde luego no
entendemos que se hable solo de la pérdida del poder adquisitivo de los
empleados públicos en los últimos 10 años -que se cifra en un 15%-. ¿Qué pasa
con la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los últimos 3 años -cercano a
un 50%-.
Parece que los
empleados públicos vamos a seguir siendo los pagadores de esta crisis: no vamos
a recuperar -para nada- el poder adquisitivo perdido y, posiblemente, sigamos
perdiéndolo.
Desde FEP-USO
creemos, como ya dijimos, que es necesario adoptar medidas salariales serias
que impidan nuevas pérdidas salariales, y para ello, la única solución
definitiva pasaría por abordar una reforma completa de nuestra estructura
salarial, dotándola de mecanismos de revisión salarial automáticos,
incentivando la permanencia en la Administración, recompensando la
profesionalidad y la formación laboral con el paso del tiempo. Esta sería una
solución definitiva, que no dependería tanto de las decisiones de los políticos
de turno.
La FEP-USO califica
la actual propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública como una
auténtica tomadura de pelo hacia todos los empleados públicos, que supone un
incumplimiento del compromiso tantas veces manifestado por el ministro Montoro
de compensar los esfuerzos realizados por los empleados públicos durante la
crisis. Promesas que como vemos se ha llevado el viento. Y que desde luego
exige una respuesta contundente, sin medias tintas, por parte de todos los
empleados públicos.