El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
2 de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno
canario contra la anulación cautelar de la resolución de la Dirección General
de la Función Pública del Gobierno de Canarias por la que trataba de establecer
la obligatoriedad para los empleados públicos de la Comunidad canaria de tomar
el 60% de sus vacaciones antes del 30 de septiembre de 2020.