Una vez aprobado
por el Consejo de Ministros el “Ingreso mínimo vital” se encomienda al INSS la
gestión de este, como una prestación no contributiva y ante la necesidad de
prever la sobrecarga de trabajo que ello conlleva, la Dirección General
ha diseñado un plan para realizar el trabajo extraordinario que esta prestación
va a suponer.
Plan que no ha sido negociado con los representantes sindicales y del que hemos tenido información a través de las direcciones provinciales que ya están pidiendo voluntarios.
Desde USO
consideramos que nuevamente se parchea el enorme déficit estructural del que
adolecen las plantillas de la Administración General del Estado, y que venimos
denunciando año tras año sin encontrar en los diferentes gobiernos ninguna
voluntad de solucionarlo. Al contrario, se buscan remiendos a problemas que son
considerados “coyunturales”.
En este caso se
acude a una empresa denominada EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.,
(TRAGSA) cuyo objetivo es “la reforma y desarrollo agrario, forestal y de
conservación de la naturaleza”, por lo que llama poderosamente la atención
la extraña vinculación que ahora se hace con el servicio contratado.
En USO aplaudimos la puesta en marcha, aunque tardía, del
Ingreso Mínimo Vital, y consideramos que responde a un estado de emergencia
social incuestionable, pero entendemos que se hace aplicando un plan que obvia
los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en cualquier
proceso de acceso al desempeño de la función pública y aunque esta sea limitada,
no dejan de ser actos administrativos de reconocimiento de prestaciones a la
ciudadanía, y por tanto, nunca deberían de ser realizados por personal ajeno a
las administraciones públicas, existiendo como existen mecanismos e
instrumentos para conseguir con carácter inmediato el ingreso de personal
contratado directamente por la administración pública, salvaguardando derechos
y garantías de la ciudadanía.
Al contrario de lo que ha ocurrido en el SEPE, al parecer ahora si la administración perfila la cuantía de las gratificaciones extraordinarias (horas extra) que se abonarán a los que de forma voluntaria participen de este plan:
- El importe bruto de cada hora completa de trabajo será de 21 €.
- El
tiempo que prevé la Dirección General es de 1,5 expedientes completo a la
hora.
- El
abono de los importes correspondientes a cada participante se
realizará en un único pago, antes de finalizar el primer
semestre de 2021, con el límite máximo de 3.600 euros, teniendo en cuenta en
este límite otras gratificaciones por las que el funcionario fuera
remunerado.
- Se
prevé ejecutar el Plan en el periodo comprendido entre junio y septiembre
de 2020, ambos meses incluidos.
USO considera
que ya vamos tarde, y que por desgracia la situación que estamos atravesando
hubiera requerido de una administración ágil y eficiente, que hubiera sabido
responder con celeridad a las necesidades de la ciudadanía, muy diferente de la
administración que hoy tenemos, cuyo valor principal reside en las empleadas y
empleados públicos de este país.
No es de recibo
por tanto que la Administración aproveche el estado de alarma y la urgente
necesidad de que se tramite de forma inmediata el reconocimiento de estas
prestaciones, para faltar al respeto una vez más a la Función Pública y a sus
trabajadoras y trabajadores, con una encomienda de gestión opaca e
injustificada a una empresa de transformación agraria.
