LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MODIFICAN EL TREBEP Y CONSIDERAN LA “RENUNCIA VOLUNTARIA” A LAS VACACIONES
La ministra Carolina Darias nos avanza que los empleados públicos tendrán un currículo con sus competencias en igualdad
La pregunta es ¿Para qué? ¿Es que va a haber alguna promoción profesional? ¿Es que acaso existen puestos en la Administración de Agentes de Igualdad en la Relación de Puestos Trabajadores de la Administración General del Estado? Entonces, ¿para qué queremos el currículo, para adorno?
Dice también la ministra que en el III plan de igualdad de la Administración General del Estado, recientemente aprobado se prevé la creación de nuevos permisos para mejorar la conciliación, la introducción de pluses en caso de traslado o promoción para incentivar la paridad en los diferentes estamentos.
Desde FAC-USO consideramos que para conciliar lo primero que hay que hacer es preservar los derechos adquiridos por los empleados públicos, y no ponerlos en tela de juicio tal y como han hecho vía Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La renuncia a las vacaciones anuales, tal y como aparece en la Disposición Final trigésima-séptima del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021,, sólo puede ser calificado como mínimo de grave e imprudente.
¿Cómo se puede hablar en el mismo texto legal de renuncia voluntaria y de garantías?
“El periodo de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica. En los casos de renuncia voluntaria deberá garantizarse en todo caso el disfrute de las vacaciones devengadas”
Además de la ilegalidad manifiesta del añadido apartado 3 al artículo 50 del Estatuto Básico del Empleado Público, el desprecio que conlleva a muchos y muchas trabajadoras que han luchado por conseguir el reconocimiento de este derecho y que ahora de golpe y porrazo, lo ponen en entredicho por la vía del cajón de sastre de los Presupuestos Generales del Estado, en una disposición final trigésimo-cuarta.
Este cajón de sastre normativo llamado ley de presupuestos generales del Estado, siempre fue también un coladero para modificar e introducir cambios de manera exprés, mientras que los sindicatos presentes en las diferentes mesas de negociación de Función Pública hayan movido un dedo para impedirlo, mirando para otro lado ante lo que consideramos una agresión total a los derechos de los EE.PP. y el desprecio más absoluto a los y las que han luchado y defendido para llegar a ser reconocidos.
Y la pregunta que debemos hacernos es qué será lo próximo. Se abre un melón muy peligroso, el del expolio de los derechos de los Empleados Públicos que siempre están en la Agenda de los Gobiernos y que en el caso del actual, el autodenominado “más social”, con unos presupuestos por supuestos “sociales”, se lleva por delante derechos históricos adquiridos que seguro que aquellos sindicatos no aceptarían en el ámbito privado, pero que si consienten en el empleo público.
¿Qué ocurre? ¿Que los Empleados Públicos no son considerados trabajadores para este Gobierno? Y ¿Dónde están esos sindicatos autodenominados “mayoritarios” que ahora asienten ante esta medida camuflada en un texto legal, que pasa desapercibido para la gran mayoría, pero que no debería pasar para los que supuestamente se deben a su función representativa?
Quizás esta sea la clave porque solo habla de la renuncia de vacaciones de los funcionarios. ¿Estorbamos? ¿Resultamos incómodos? Quizás en esta estrategia del expolio, hayan elegido como compañeros de viaje a sindicatos que están más pendientes de no perder sus estatus y privilegios, que en defender a los trabajadores. Esto les hace colaboradores necesarios de la destrucción de derechos que llevamos tiempo padeciendo, continúa con la mención a esta renuncia voluntaria de un derecho adquirido en un texto legal, y con seguridad, continuará en el futuro en el marco de la negociación colectiva, con los tres cómplices sindicales de siempre.
Nosotros y nosotras, no seremos partícipes de este proceso de destrucción, de humillación y de desprecio hacia los derechos adquiridos de los funcionarios y funcionarias de este país.
Otros pueden pero USO no.
