El juez del Juzgado de lo Contencioso n.º 17 de Barcelona, elevó, ante el TJUE, varias cuestiones prejudiciales relativas a la ley de los interinos y la doctrina del TS, en relación con una trabajadora interina que lleva prestando servicios como técnico superior de la administración en la Generalitat de Cataluña, encadenando contratos desde 2005 hasta 2015, cubriendo una excedencia.
El objeto de la cuestión prejudicial es que se establezca «el significado preciso de la legislación comunitaria relativo a la interpretación de las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco una vez se ha aprobado Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público».
En el Auto dictado, el magistrado considera la existencia de contradicciones entre el Derecho y la jurisprudencia nacional y el derecho y jurisprudencia comunitaria. En concreto, entiende que existen contradicciones de relevancia entre la Ley 20/2021 respecto la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del TJUE.
Concluye que la ley de interinos no consigue trasponer a la legislación nacional el Derecho de la UE porque el propio tribunal de la UE ya ha dicho que la ley de internos nombrados con anterioridad a la misma no supone una medida efectiva y disuasoria para sancionar la abusividad de los contratos temporales y tampoco la jurisprudencia del Supremo ha sabido resolver la cuestión ya que considera que pueda mantenerse al interino hasta que se cubra la plaza o permitiendo a la AAPP considerar si existe o no una necesidad estructural.
Desde FAC-USO nos reiteramos en la postura que, desde hace años, venimos manteniendo en este tema.
Desde el momento de publicación de la Ley 20/21, en FAC-USO lamentamos las inconcreciones de la ley de reducción de la temporalidad en el empleo público, que abren nuevas vías de precariedad.
FAC-USO sigue lamentando que ningún partido político ni Administración haya buscado poner a cero el contador de la temporalidad.
Ttodos los partidos gobernantes y gestores políticos, en todos los ámbitos de la Administración, son culpables y partícipes de esta situación de precariedad en el empleo público. Nunca se ha tenido una visión de futuro en cuanto a personal de las Administraciones Públicas, se han ido pasando la pelota junto con la cartera ministerial, de consejería o el acta de concejal. Han remendado la situación a corto plazo con mayor temporalidad y ahora nos abocan a defender a miles de trabajadores que se han quedado en el limbo.
