La «Brújula de Competitividad» de la UE pone en peligro los servicios públicos y los derechos laborales, según EPSU
La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU) ha manifestado su preocupación por la nueva estrategia industrial de la Unión Europea, conocida como la Brújula de Competitividad.
Esta estrategia, impulsada por la Comisión Europea, busca mejorar la posición global de la UE en materia de competitividad económica.
Sin embargo, desde EPSU advierten que este enfoque ignora las necesidades de las personas y los servicios públicos, priorizando las ganancias empresariales sobre el bienestar social.
Denuncia de EPSU
EPSU denuncia que el documento presentado por la Comisión Europea se centra en el crecimiento económico sin abordar adecuadamente la crisis de personal en los servicios públicos, el deterioro de las condiciones laborales y la necesidad de reforzar los derechos de los trabajadores.
Además, critica que la estrategia insista en la desregulación laboral y la privatización de servicios esenciales, lo que podría agravar las desigualdades sociales y reducir la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
En este contexto, EPSU hace un llamamiento a la Comisión Europea para que adopte un enfoque más equilibrado, en el que el progreso económico no se logre a costa de los derechos de los trabajadores ni del desmantelamiento de los servicios públicos.
FAC-USO, miembro de EPSU, comparte esta preocupación
Desde la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO), como miembros activos de EPSU, compartimos esta preocupación y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y la calidad de los servicios públicos.
FAC-USO considera que cualquier estrategia de competitividad debe garantizar que los trabajadores del sector público cuenten con condiciones laborales justas, salarios dignos y estabilidad en el empleo.
Además, creemos firmemente que los servicios públicos son un pilar esencial para el bienestar de la ciudadanía y deben ser fortalecidos en lugar de sometidos a procesos de privatización o desregulación.
Seguiremos trabajando, tanto a nivel nacional como europeo, para garantizar que las políticas de la UE prioricen a las personas y no solo los intereses económicos, reforzando así el papel de los servicios públicos en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.