Según informaciones publicadas en distintos medios, el Gobierno tiene previsto aprobar próximamente la subida salarial del 0,5 % para el personal empleado público, en cumplimiento de la cláusula de revisión vinculada a la evolución del IPC, recogida en el actual Acuerdo Marco. Esta medida afectaría a más de 3,5 millones de trabajadoras y trabajadores del sector público, y llegaría tras constatarse un desfase del 2,1 % entre la inflación acumulada y los incrementos salariales desde enero de 2022.
Aunque desde FAC-USO valoramos que por fin se active esta cláusula firmada, consideramos que llega tarde, es insuficiente y no puede presentarse como una solución al deterioro retributivo estructural que sufre el empleo público. Esta subida del 0,5 % ni repara el daño causado ni responde al esfuerzo continuado de quienes sostienen los servicios públicos cada día.
Más de 15 puntos de pérdida salarial
FAC-USO recuerda que el personal público ha perdido más de 15 puntos de poder adquisitivo en los últimos cinco años, debido a la inflación acumulada y a la falta de medidas compensatorias reales. Por tanto, esta subida del 0,5 % no es un gesto generoso ni un logro político: es una medida mínima que solo responde a un compromiso firmado y largamente demorado.
Además, el retraso en su activación ha generado una gran inquietud entre las plantillas, especialmente cuando los datos para aplicarla estaban sobre la mesa desde hace meses.
Exigimos cláusulas de revisión y un plan plurianual
Desde FAC-USO venimos reclamando sistemáticamente que todas las negociaciones colectivas y convenios incluyan cláusulas de revisión salarial automáticas vinculadas al IPC real. No podemos permitir que se siga pactando a espaldas de la realidad económica que viven nuestras compañeras y compañeros, ni que se dejen fuera mecanismos que garanticen la estabilidad salarial frente a la inflación.
Y además, desde la FAC-USO venimos proponiendo desde hace tiempo un plan de recuperación de la pérdida de poder adquisitivo, que incluya, además de la cláusula de revisión salarial conforme al IPC anual, un plan a cinco años vista en el que se absorba la pérdida de poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicas, a los que siempre en los momentos difíciles se nos exige y damos lo máximo, y pasados estos se nos condena al ostracismo y discriminación.
Hasta que no esté en nómina, no es efectivo
Según las informaciones, la subida podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que implicaría también el abono de los atrasos correspondientes al primer semestre del año. Desde FAC-USO advertimos que no daremos por válida esta medida hasta que se haga oficial y se vea reflejada en las nóminas.
Seguiremos exigiendo que se apruebe sin más demoras, que se abonen los atrasos correspondientes, y sobre todo, que no se pretenda cerrar el debate retributivo con una medida parcial y reactiva.
FAC-USO seguirá luchando por salarios dignos, justicia retributiva y respeto hacia quienes hacen posible los servicios públicos. No nos conformamos con lo mínimo.
