Rafael González Martín, miembro de la Junta de Personal de la AGE en esta provincia, en
representación de los sindicatos USO-Acaip, y funcionario del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, denuncia que en los últimos dos
años, en el Servicio Provincial de
Costas en esta provincia se han producido una serie de bajas en la plantilla del personal laboral y funcionario por
diversos motivos: jubilaciones, finalizaciones de contrato, traslado a otros
destinos, enfermedades de larga duración, etc. y que dichas plazas no
han sido cubiertas, habiendo sido incluso amortizadas algunas de ellas
en la relación de puestos de trabajo.
Pese a la buena voluntad
de los empleados públicos del Servicio Provincial, que han asumido cargas de trabajo cuya competencia correspondería a niveles
superiores al que les es remunerado y a que han tenido que realizar labores sin
la debida formación técnica previa, la capacidad para atender al público
con la calidad debida ha ido mermando, al aumentar la carga de trabajo por
persona.
El nivel de
desmantelamiento en este Servicio Provincial en el momento actual es tal que el
Servicio de Actuación Administrativa,
encargado de la gestión jurídica del Servicio Provincial, y la sección de Recursos Humanos, han quedado sin
personal para realizar su trabajo específico, lo cual a su vez, repercute en el
resto del trabajo del Servicio Provincial.
Todo ello se traduce en
una ralentización en la atención al
público en sus peticiones (solicitudes de información, trámite de
expedientes de autorizaciones, concesiones, etc), y especialmente, en la paralización de la actividad
sancionadora del Servicio Provincial, lo que implica que muchas
ocupaciones ilegales en la costa puedan quedar impunes, o sin poderse efectuar
la recuperación posesoria de esos espacios públicos.
Para la FEP de USO no es admisible que un Servicio Provincial
pueda quedar carente de
asesoramiento jurídico y de gestión de personal, y no entiende el silencio del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en este sentido, pese a haberle sido requerido mediante escrito firmado por
los representantes sindicales del personal laboral y funcionario una
solución urgente a dicha situación, o a las diversas peticiones realizadas por la Jefa del Servicio Provincial
para dotar las plazas vacantes.
Tampoco se entiende bien el mutismo del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, ya que con la actual política de reducción de
empleados públicos hasta niveles extremos,
lejos de mejorarse el déficit presupuestario estatal, se genera una mayor
pérdida de ingresos, en este caso, por la pérdida de la recaudación de
los expedientes sancionadores que se caducan ante la falta de actuación. Esta
política ministerial incluso impide
la realización de uno de los objetivos fundamentales del Servicio Provincial de
costas, como es el de mantener la costa libre de ocupaciones ilegales.
Es una necesidad urgente
e imprescindible la dotación de personal, especialmente en puestos de
responsabilidad como los indicados. Por todo lo expuesto, la FEP de la USO, exige al Gobierno del
Estado español, a través de los distintos Ministerios implicados en la gestión
del personal de la AGE
las siguientes medidas urgentes:
1 - Dotación urgente de personal funcionario, en cualquiera de las
modalidades reconocidas por la legislación vigente (interinidad, comisión de
servicios, convocatoria de plazas vacantes, etc.) de forma que puedan cubrirse
todas las plazas de responsabilidad actualmente vacantes.
2 – Realización urgente
de cursos de formación específicos
para el uso de programas en los distintos puestos de trabajo del Servicio
Provincial, destinados tanto al personal funcionario como al laboral.
3 – En caso de asumirse
tareas de responsabilidad superior a la del puesto de trabajo oficialmente
ocupado, reconocer tal hecho e incrementar la remuneración salarial en el importe
correspondiente al grado del trabajo que realmente se ejecuta.
