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lunes, 5 de agosto de 2013
SEGURIDAD SOCIAL
NUEVA
REGULACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
La ministra de Empleo y Seguridad Social junto con los agentes sociales, han
cerrado un acuerdo sobre la nueva regulación de las prestaciones sociales de
los trabajadores a tiempo parcial. El
acuerdo corrige el modelo actual para acreditar los períodos de cotización de
los trabajadores a tiempo parcial para acceder a las diferentes prestaciones
del sistema, conforme a las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE
y del Tribunal Constitucional.
Según
el alto tribunal, siendo mayoritaria la presencia de mujeres en el trabajo a
tiempo parcial, la diferencia de trato que venía produciéndose para el acceso a
las prestaciones contributivas de la Seguridad Social constituía una
"vulneración directa" del principio de igualdad de trato.
A
partir de ahora, el período mínimo de cotización exigido para causar derecho a
una pensión será el exigido con carácter general (quince años), reducido en
proporción a la parcialidad acreditada por el trabajador a lo largo de toda la
vida laboral.
Desde la Unión Sindical
Obrera (USO) entendemos que en el acceso a las prestaciones sociales debe regir
el principio de igualdad entre trabajadores a jornada completa y a tiempo
parcial. Por eso la USO viene reclamando desde hace años la modificación de las
normas que regulan la protección social de los trabajadores a tiempo parcial y de los contratados bajo la modalidad de fijos discontinuos….
viernes, 2 de agosto de 2013
miércoles, 31 de julio de 2013
POSICIÓN DE LA FEP-USO ANTE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
La Federación de
Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera FEP-USO manifiesta públicamente su rechazo
al Proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que
se remitió el pasado Viernes 26 a las Cortes para su tramitación Parlamentaria,
y exige su retirada, como ya hizo el pasado 15 de Marzo, al analizar el
borrador que nos hizo llegar la Administración. (Posición FEP-USO Borrador
Administración 15.03.2013).
Desde FEP-USO nos
oponemos frontalmente a esta reforma, pues la misma se decanta por la
privatización de los servicios municipales como única alternativa a su
prestación. Con la consiguiente destrucción de Empleo Público, y lo que es
peor, el deterioro de la prestación de los Servicios Públicos que prestan los
Ayuntamientos a los ciudadanos. Distanciando a quien gestiona y presta el
servicio, que es quien conoce mejor las necesidades de los ciudadanos de su
municipio, de quien lo recibe. Y como no, afectando a los Empleados Públicos
que los prestan, lo que generará más paro, a cambio de un empleo precario y un
servicio público de mala calidad.
-La gestión de muchos
servicios públicos quedará, por imperativo de esta Ley sometida a la iniciativa
privada, o lo que es lo mismo, sometida a criterios económicos de rentabilidad,
por encima de los criterios del beneficio, de la rentabilidad social y del
servicio al ciudadano, que pasan a estar en un segundo plano.
-Consideramos que la
Reforma va a ocasionar una pérdida brutal de puestos de trabajo en las
Administraciones Locales de toda España. Algunas fuentes cifran en una cantidad
superior a 200.000 los puestos de trabajo que pueden llegar a ser suprimidos, y
que se sumaran así a los ya de por si demoledores efectos que la Reforma
Laboral ha tenido y está teniendo en la Administración Local. Nuevos EREs se
avecinan en la Administración Local.
-Esta Reforma, en el
supuesto de que vaya adelante, tras su trámite parlamentario, perjudicará a
muchísimos ciudadanos, en especial a los residentes en pequeños municipios del
ámbito rural, al imponer la supresión de Servicios Públicos Municipales como
aquellos relacionados con Servicios Sociales, personas dependientes,
discapacitados, etc… Siendo las Comunidad Autónoma las que, asumiendo estas
competencias, decidirá qué servicios se van a mantener y en qué municipios.
Esto, unido a los criterios economistas a los que antes nos hemos referido,
agravará aun más la situación de los ciudadanos residentes en estos municipios.
No podemos obviar que han sido las Comunidades Autónomas las que han puesto en
"la picota" muchos de los servicios que prestan
los Ayuntamientos justamente por el incumplimiento de sus
obligaciones de pago hacia los mismos.
-Conceptos, como los de
“coste estándar” de los servicios, a pesar de que han sido “descafeinados” en
base al informe del Consejo de Estado, siguen distorsionando la Reforma, en la
que claramente se decanta a favor de la gestión privada sobre la pública. O lo
que es lo mismo, se prima la privatización de los Servicios Públicos que
prestan los municipios.
La Reforma plantea
también dudas sobre su Constitucionalidad, pues vulnera la autonomía local
reconocida en el Artículo 140 de nuestra Constitución, así como la Carta
Europea de la Autonomía Local, suscrita por España en 1988, siendo varios los
Gobiernos Autonómicos que ya han anunciado su oposición al texto, como el
Catalán, el Vasco y el Andaluz, entre otros. Lo que augura un largo recorrido
judicial, una vez terminado el parlamentario.
Desde FEP-USO
consideramos que el Gobierno ha perdido otra oportunidad de oro para acometer
una reforma de la Administración Local, que consideramos necesaria, pero que en
este caso, como en otros, se afronta desde una falta total de negociación y
búsqueda de consenso, así como desde la prevalencia de criterios ya muy roídos
y demostradamente faltos de eficacia, como la reducción del gasto público, ante
todo y pese a quien sea… cuando justamente la deuda de la Administración Local,
supone un porcentaje mínimo, que ronda el 4 %, respecto del total de la deuda pública.
Reducción que se materializa en la supresión de servicios públicos, en otra
vuelta de tuerca en la satanización de los Empleados Públicos que los prestan,
y en la sustitución de ambos -servicios y empleados públicos que los prestan-
por la iniciativa privada, como única alternativa. A la que se le considera,
ante todo más barata, lo que además de falso, al parecer, es lo único que
importa. Sin tener en cuenta otras premisas, como la calidad del servicio que
se presta, y que los ciudadanos son, ante todo, personas, y no simples
números. Seres humanos que necesitan, en determinadas momentos de su vida y
ante determinadas situaciones de necesidad, la prestación de determinados
servicios que cubran estas necesidades adecuadamente, por encima de las
valoraciones económicas de su rentabilidad. A estos efectos nos remitimos a las
propuestas que sobre la Reforma de la Administración Local hicimos en su día y
en las que seguimos apostando por unos Servicios Públicos de Calidad, prestados
por un Cuerpo de Empleados Públicos de la Administración Local, también de
calidad, gestionado bajo criterios de igualdad y homologación retributiva. (Alegaciones y PropuestasFEP-USO Borrador Reforma Administración Local de 15.03.2013)
JORNADA Y HORARIO DE VERANO EN LA AGE
LA INVIABILIDAD DE ALGUNAS INSTRUCCIONES DEL GOBIERNO DEL PP EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Algunos medios de prensa publicaban a principios de año, de forma
rimbombante, que “los funcionarios tendrían que cumplir desde ya, el nuevo
horario laboral aprobado la última semana de diciembre”, en referencia al Real
Decreto aprobado por el gobierno del estado español el 28 de diciembre de 2012.
En dicho Real Decreto se incluía la modificación de nuestras vacaciones
anuales, reducidas ahora a 22 días laborales, obligando a disfrutar la mitad de
las mismas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. También se establecía
que la
jornada de verano sería del 16 de junio al 15 de septiembre, en la que habría
una jornada intensiva de 6,5 horas de trabajo entre las 8 y las 15 horas para
el turno ordinario de mañana, y fijaba un horario de sábados de 9 a 14 horas para la atención
al público.
Posteriormente, se han dictado normas por parte de Delegaciones de
Gobierno en las que se fijan aclaraciones sobre estos aspectos del Real
Decreto, y es que la norma general, como tal, es inaplicable en muchas de las
oficinas de la
Administración del Estado, ya que de llevarse a cabo,
impediría el desarrollo normal del trabajo o la atención al público.
En centros de trabajo donde la reducción de la plantilla ha sido
importante en los últimos años a base de finalizaciones de contratos laborales,
jubilaciones y cambios de destino sin reposición de personal, imponer por real
decreto unas fechas para disfrutar de las vacaciones o un horario de verano, se
convierte en una misión muy difícil de llevar a cabo sin poner el cartel de
“cerrado por vacaciones”.
Nunca antes el horario de verano se había realizado mediante la figura
del real decreto, pues se entendía que era una medida discrecional, a tomar por
parte de las distintas Direcciones Provinciales o unidades de trabajo, acorde a
sus peculiaridades, si bien esa discrecionalidad es cierto que podía generar
agravios comparativos entre unidades de destino. Y esa ausencia de regulación
nos ha diferenciado a los empleados públicos respecto a los trabajadores/as del
sector privado.
No nos engañemos con este tipo de medidas: la intención del gobierno no
ha sido organizar el trabajo, sino difundir ante la opinión pública medidas que
vuelven a perjudicar nuestra imagen ante el ciudadano. En este sentido, cabe
recordar que el real decreto incluía un “programa de actuaciones periódicas y
aleatorias sobre el control del horario”, como si antes no hubieran existido.
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