EL MINISTRO
CATALÁ Y SUS OCURRENCIAS (O FALTA DE ELLAS)
Cinco son las líneas
estratégicas del Ministerio de Justicia que, en relación con los procesos
judiciales, han sido anunciadas en estos
días de julio por el Titular del Ministerio, aprovechando su presencia en alguno
de sus Cursos de Verano:
·
La Instrucción Penal, para los Fiscales.
· Fomento de la Ejecución de los Procesos Civiles
a través de los Servicios Comunes y de las aplicaciones informáticas
específicas para notificaciones, embargos, averiguación patrimonial….
· Desarrollo del Proceso de digitalización
del Expediente Judicial.
· Promoción de una nueva Aplicación de
Gestión Procesal, común a todo el territorio del Estado, de acuerdo con las
CCAA con competencias en medios materiales de la Admón. de Justicia.
· Digitalización del Registro Civil.
Nada
que objetar, en general, a cuanto suponga LLEVAR
A LA JUSTICIA LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA que ya han sido asumidos por todas
aquellas organizaciones que han sabido adaptar sus fórmulas de gestión a las
herramientas que, en definitiva, permiten realizar las tareas que tienen
encomendadas con mayor control, agilidad y eficacia. SÓLO QUE DICHOS AVANCES HAN DE SER APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA CON GARANTÍAS DE CALIDAD, es decir, no sin haber sido testados
previamente de manera suficiente y adecuada; siempre que hayan superado los
debidos controles de buenas prácticas y funcionamiento; previa la formación
necesaria y permanente de sus operadores en las Oficinas Judiciales y Fiscales;
con los debidos parámetros de compatibilidad en todo el Territorio del Estado;
así como con el suficiente grado de inversión en medios y recursos para que la
herramienta sirva de la manera más eficiente al fin para el que ha sido
prevista. En este sentido, el despliegue del Expediente Digital dista mucho
de ello, habiéndose convertido las más de las veces este precipitado
instrumento en una pesada carga, antes que en una utilidad, para sus
operadores; los funcionarios judiciales (y también para los profesionales relacionados
con la Administración de Justicia). Harían bien el Sr. Catalá y su equipo en
pararse un poco a pensar cómo hacer las cosas con mejor sentido y suficientes
recursos.
SPJ-USO,
por otro lado, sí tiene que objetar, y mucho, la FALTA DE UN AUTÉNTICO PROYECTO DE GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA
VIABILIDAD DEL REGISTRO CIVIL COMO SERVICIO ABSOLUTAMENTE PÚBLICO, que
quede en la órbita exclusiva de la Administración de Justicia (de la que en
modo alguno debe salir, reintegrándosele inmediatamente los expedientes de
nacionalidad que acaban de ser extrañados de ella); servido por sus actuales
funcionarios y manteniendo todas sus oficinas, incluidas las de los Juzgados de
Paz, para mejor atender, y de forma gratuita, a la ciudadanía.
Finalmente
tampoco está de acuerdo SPJ-USO con
que la Administración de Justicia se sitúe de espaldas a la independencia que la
debe caracterizar, como viene ocurriendo sistemáticamente bajo el mandato Catalá. Y es que tras resonantes
palabras como las de “modernización”
o “eficiencia”…, muchas veces, los
gestores públicos no esconden otra cosa que puros
y duros intereses políticos, cuando no, lisa y llanamente privados.
Porque,
a ver, contéstennos, Sras. y Sres. del Gobierno: ¿A quién interesa un Instructor Penal
dependiente en última instancia de una Autoridad designada políticamente por el
Gobierno (el Fiscal General del Estado), que transmite sus decisiones bajo el
principio de dependencia y jerarquía a toda la pirámide de sus subordinados
(los Fiscales a los que se pretende atribuir la Instrucción de Causas Penales)?