El
año que acabamos de cerrar ha estado marcado por una leve mejoría de las cifras
macro económicas en España, pero sin que estas puedan ser catalogadas
alegremente como la ansiada “recuperación” que el Gobierno se empeña en vender.
Basta con mirar los datos de desempleo. En noviembre había en España
3.474.281 personas inscritas en el Servicio Público de Empleo. Si bien puede
considerarse una buena noticia un descenso interanual del 8,33% (315.542
parados menos), ardua tarea le queda por delante al ministro de Economía, Luis
de Guindos, que en su programa de Estabilidad 2017-2020 había afirmado que se
crearían dos millones de puestos de trabajo en el cuatrienio.
En la USO “esperamos que con esta previsión no se refiera a los casi
veinte millones de contratos temporales que se han firmado el pasado 2017. Cada
mes se han suscrito entre un millón y medio y dos millones de contratos, pero
rara vez los indefinidos a tiempo completo han pasado de 100.000. Esto nos
habla de la pésima calidad de los puestos que se crean, con menos de un 10% de
contratación indefinida y relaciones laborales de menos de una semana. Poco
empleo y malo”, afirma Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios
Sindicales de la USO.
Lo que sí sube es la inflación. A falta de la confirmación del Banco de
España, el IPC ha cerrado 2017 con una subida del 1,2%. Esto supone que, por
ejemplo, “nos mientan cuando se habla de una revalorización de las pensiones
del 0,25%, ya que eso supone una pérdida de poder adquisitivo del 0,95%, no una
revalorización”, continúa Estévez. “Por no hablar de los funcionarios, que
vuelven a pagar los platos rotos de la falta de entendimiento político y se
quedan con los sueldos congelados por la falta de presupuestos, cuando el
Gobierno había anunciado a bombo y platillo que era el momento de devolverles
lo robado durante la crisis”. En cuanto a la negociación colectiva, “en la USO
seguimos apostando por un mínimo del 2,5% de subida anual. De lo contrario,
vistas estas cifras, lo único que hacemos es perder salario año a año”,
apostilla Laura Estévez. Lo único que empieza 2018 con una subida significativa
en proporción es el SMI, un 4% que, sin embargo, “resulta mísero en términos
absolutos, puesto que un 4% de 707,6 euros ha supuesto 28,3 euros de aumento.
La firma, pactada entre los sindicatos mayoritarios, patronal y Gobierno, deja
de nuevo patente que la concertación social está obsoleta, pues el supuesto
triunfo está muy lejos de la realidad cotidiana. Los 850 euros que España
tendrá de SMI en 2020 alcanzan a duras penas para pagar un alquiler en las
grandes ciudades. La defensa de los dos tercios del salario medio debería ser
la máxima de las organizaciones sindicales, en consonancia con la CES, y eso
supone 1.146 euros, 300 más de los acordados”, defiende Estévez.
Tras los peores años de la crisis, se observa una lenta recuperación si
atendemos a los concursos de acreedores. En 2013, el peor de la serie
estadística, 9.143 empresas entraron en concurso, con su consiguiente pérdida
de decenas de miles de puestos de trabajo y millones de euros en mensualidades
adeudadas. 2016 ya cerró con la mitad de concursos, 4.297, y en 2017, a falta
del cierre, la bajada acumulada en septiembre era de unos 500 (-16,1%). Muy
lejos aún de los niveles precrisis, por debajo del millar, pero que “dejan
entrever la pendiente de bajada hacia la estabilidad”.
La población total ha crecido ligeramente, un 0,05%, hasta situarse en los
46.549.045, con casi un millón de diferencia entre hombres y mujeres. Hay
23.711.009 mujeres frente a 22.838.035 hombres, “pero el paro sigue teniendo un
componente femenino, en una relación de casi 60-40 entre hombres y mujeres, que
sigue acrecentando la brecha de género”, denuncia Estévez.
Lo que sí llama la atención de los datos poblacionales es la subida más
marcada de habitantes extranjeros. Hay 4.464.997, lo que supone un crecimiento
del 1,03% con respecto al dato semestral anterior. “La llegada de extranjeros
ha estado aparejada históricamente a la creación de empleo. Fue durante la
crisis cuando España dejó de ser un país receptor de inmigrantes, sufriendo una
sangría de población adulta joven que regresaba a sus países de orígenes ante
la falta de perspectivas”. Los jóvenes son precisamente el gran reto que 2017
no ha resuelto: “además de una pirámide cada vez más invertida, con unos
porcentajes altísimos de personas que superan los 60 años, seguimos en una tasa
de paro juvenil del 38,2%, la segunda más alta de la OCDE, únicamente tras
Grecia. Esto supone que los jóvenes sigan mirando hacia fuera para optar a un
puesto de trabajo, acrecentando esa sangría poblacional que pone en riesgo todo
el Estado del Bienestar”.
En cuanto a la economía familiar, uno de los indicadores que más la afecta
es el precio de la vivienda. Creció un 6,2% en los tres primeros trimestres del
año pasado. “Seguimos cometiendo los mismos errores que antes de la crisis,
cuando fiábamos todo al ladrillo. Pero ahora la burbuja llega también al
alquiler, con la proliferación de los pisos de uso vacacional que impiden a los
ciudadanos acceder a una vivienda digna y asequible tanto en compra como en
renta”. En definitiva, concluye Laura Estévez, “un 2017 que ha traído mejoras
con pies de barro. Es halagüeño que las cifras progresen poco a poco, pero no
podemos creernos la recuperación por el simple hecho de que nos la repitan cada
día. El paro y los sueldos demuestran que la economía del país, la economía
real, no se ha recuperado”.