miércoles, 10 de octubre de 2018

USO, junto a la MERP, entrega nuevas firmas que exigen el blindaje de las pensiones en la Constitución


Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, junto a Conchi Iniesta, secretaria general de USO-Madrid, y Pablo Trapero, responsable confederal de Juventud USO, han hecho entrega, junto con el resto de organizaciones de la MERP, esta mañana en el Defensor del Pueblo de 350.000 nuevas firmas de miles de ciudadanos que piden que las pensiones se blinden en la constitución como derecho fundamental. La MERP, de la que nuestro sindicato forma parte desde sus inicios, ya ha superado el millón cuatrocientas mil firmas recogidas.

Sara García, frente a las puertas del Defensor del Pueblo ha querido reconocer el duro trabajo “de los compañeros y compañeras que llevan 5 años cogiendo firmas en la calle” y ha destacado que, dado “el respaldo social absoluto que tiene esta iniciativa, esperamos una respuesta de consenso por parte del Gobierno”.
Coincidiendo con esta entrega, las 300 organizaciones que componen la MERP participan durante todo el día en una jornada de mesas de recogida en 200 puntos repartidos por toda la geografía española. Madrid; Santiago de Compostela; Vigo; Oviedo; Gijón; Bilbao; Vitoria; Zaragoza; Barcelona; Tarragona; Palma de Mallorca; Menorca, Valencia; Murcia; Almería; Granada; Jaén; Málaga; Sevilla; Santa Cruz de Tenerife; Las Palmas; Valladolid; Pamplona; Aranda de Duero, o Santander, son algunas de las ciudades en los que los ciudadanos podrán dejar su firma de apoyo.
El objetivo de esta nueva jornada no es otro que llegar a los dos millones de firmas para propiciar una reforma constitucional que transforme las pensiones en un derecho fundamental, prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo.
Ante las últimas manifestaciones del FMI que plantea que vincular las pensiones al IPC va a hacer insostenible el sistema, Sara García defiende que “no mantener el poder adquisitivo y degradar la economía de los pensionistas sí que va a hacer insostenible el sistema al generar exclusión social. Como mínimo, las pensiones hay que vincularlas al IPC”.