Delegados y responsables de USO han llevado a cabo una
concentración en la madrileña Plaza de Callao para reivindicar que no se
escatimen los recursos en la lucha contra la violencia de género. Tras la
aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, esta dotación
presupuestaria se debe traducir en medidas reales y efectivas, para que no
muera ni una mujer más a manos de sus parejas o exparejas.
Desde 2003, 971 mujeres (hoy al menos 972) han
sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 27, los menores asesinados.
En el acto, en el que ha participado el
secretario general, Joaquín Pérez, junto a las secretarias de Formación
Sindical e Igualdad, Dulce María Moreno; la de Acción Sindical y Salud Laboral,
Sara García, y la de Comunicación y Estudios Sindicales, Laura Estévez, se ha
leído el manifiesto con motivo de la celebración, el próximo domingo del 25 de
noviembre, Día Internacional contra la violencia de género. Además de la
lectura del manifiesto, los compañeros han portado vendas para escenificar el
lema elegido este año: “Ante la violencia de género, quítate la venda”.
Con motivo del 25N, la Secretaría de Formación
Sindical e Igualdad de USO ha elaborado el “Informe sobre Violencia de Género
2018”, en el que se constata que el sistema de protección para las víctimas de
violencia de género sigue fallando tanto en detección como en protección y
reinserción. Durante 2017, el número de denuncias presentadas en los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer aumentó un 16% frente a 2016, creciendo en todas
las autonomías, salvo en Asturias.
Pero, por el contrario, la proporción de
quienes consiguen que se dicte una orden de protección ha descendido, bajando
al 24% de las mujeres en 2017, frente al 29% que la obtenían en 2015. Es
preocupante que baje este ratio si tenemos en cuenta que el 30% de las mujeres
asesinadas el año pasado a manos de sus parejas o exparejas habían interpuesto
una denuncia, un 11% más que en 2016.
Como sindicato, además de rechazar y condenar
firmemente cualquier forma de violencia machista, debemos poner el foco de
atención sobre la dificultad que encuentran las víctimas para poder
independizarse económicamente de su agresor. La falta de concesiones de ayudas
económicas o la formalización de contratos para conseguir esa autonomía
provocan que las víctimas no puedan romper con su agresor.
Así, las ayudas económicas previstas por la
Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 alcanzan únicamente a un
0,5% de las denunciantes. Además, las ayudas para cambio de domicilio y la
recepción de la renta activa de inserción marcaron un pico entre 2014 y 2015 y,
desde entonces, han descendido sus concesiones año a año. “Y en cuanto a la
contratación bonificada, tampoco está cumpliendo con su cometido. Llega a un
0,6% de las víctimas, se han firmado en 16 años menos de dos contratos al día.
Es una herramienta infrautilizada cuyo desarrollo permitiría a las víctimas
establecerse lejos de su agresor”, reivindica Dulce María Moreno, secretaria de
Formación Sindical e Igualdad de USO.
Nuestro país registra más de 153.000 denuncias
por violencia de género al año. Según el sistema de seguimiento integral
VioGen, han ascendido el número de casos con algún tipo de riesgo apreciado,
situándose los casos que no aprecian riesgo en el 46,03% de los estudiados,
frente al 75% que se descartó en 2013, su primer año de funcionamiento. Los que
sobrepasan el riesgo medio están cerca del 9,5%, frente a menos del 5% en 2013.
También ha ascendido constantemente desde 2012 el número de usuarias de Atenpro,
el servicio telefónico de protección a las víctimas.
Sin embargo, las cifras de asesinatos
machistas demuestran que el sistema no consigue proteger a las mujeres.
“Tenemos que exigir que no se escatimen recursos. Que haya o no Presupuestos,
no se deje de dotar de la partida correspondiente al tan necesario Pacto de
Estado contra la Violencia de Género”, exige Moreno.
