Las patronales ASADE y AESTE junto a los mal llamados “sindicatos más representativos” han presentado al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, un plan de choque con medidas para implementar el sector de servicios para la dependencia y evitar la situación generada en las residencias por la covid-19.
En forma de
reivindicaciones compartidas (recuperar la calidad de la atención; la mejora de
la calidad en el empleo; adecuación de las categorías profesionales o la mejora
de las retribuciones de los empleados), lo que se está haciendo es solicitar la
bendición directa de la privatización de un servicio público, que debería ser
una prioridad en las políticas estatales y autonómicas. Además, se deja muy de
lado la defensa real de los trabajadores, de sus intereses y condiciones
laborales más que mejorables, donde la precariedad, las enfermedades
profesionales y los bajos salarios distan mucho de los fines que persigue esa
plataforma sindico-patronal.
España necesita un sistema público y de calidad
Por ello, desde
el sindicato USO consideramos que en España es necesario apostar por un sistema
de protección, dependencia y cuidados público y de calidad para nuestros
mayores y dependientes. Los fondos públicos no pueden recaer en manos de
empresas privadas y hay que apostar de verdad por un sistema de protección y
redes de atención públicas o concertadas sin caer en la mercantilización de
nuestros mayores y dependientes, que les permita envejecer con dignidad como
derecho de la ciudadanía.
El sector de la
dependencia y los cuidados es un sector altamente feminizado, por lo que debe
ser tenida en cuenta la perspectiva de género en la negociación colectiva y en
todas las medidas que vayan a ser implementadas.
Así mismo, USO
considera que en esa mesa de diálogo social, que se convocará en los próximos
días por el Secretario de Estado, no solo se debe contar con las organizaciones
sindicales mayoritarias sino con organizaciones como USO que forman parten en
las mesas de negociación de muchos convenios colectivos en el ámbito estatal y
de comunidad autónoma.
