La Comisión Europea
lleva tiempo exigiendo a España una reforma del sistema público de pensiones,
incluyendo “ajustes” que “moderen” el gasto en esta partida.
La Comisión ha endurecido los criterios y condiciones para que lleguen a España los 77.000 millones de ayudas no reembolsables del fondo de recuperación. Hasta ahora, la única condición de los fondos era gastarlos adecuadamente para paliar los efectos de la pandemia y las dificultades socioeconómicas derivadas.
Sin embargo, el
Ejecutivo comunitario exigirá ahora a los países que cumplan con el paquete de
recomendaciones como condición para el desembolso de los fondos. Y la reforma
del sistema de pensiones público es una de estas condiciones.
En los últimos años,
Bruselas ha cuestionado decisiones del Gobierno como la vinculación de las
pensiones al IPC o que se haya aparcado la aplicación del factor de
sostenibilidad que las vincula con la esperanza de vida y otros factores
macroeconómicos.
También las pensiones
fueron exigencia de algunos países en las negociaciones previas a la Cumbre
Europea de julio, en las que se decidieron los fondos de reconstrucción,
siempre en el mismo sentido: favorecer la privatización total o parcial del
sistema público.
La MERP defiende blindar
las pensiones constitucionalmente
Por todo ello,
la Mesa Estatal por el
Blindaje de las Pensiones considera preocupante que la Comisión Europea utilice el
argumento de la supuesta “insostenibilidad” de las pensiones para condicionar
las ayudas. La sostenibilidad de las pensiones solo depende de la voluntad
política, tal y como hemos podido comprobar, especialmente, en los años de
crisis.
Las pensiones fueron
el colchón de muchas familias en 2008, y lo van a ser en la crisis provocada
por la pandemia; si los pensionistas son el sector más vulnerable y lo son
especialmente ante el coronavirus; su reforma más urgente es que se las blinde
en la Constitución.
Para la MERP, las
presiones inaceptables de la Comisión Europea sobre el sistema público de
pensiones ponen de manifiesto la necesidad de prohibir en la Constitución su
privatización y la pérdida de poder adquisitivo.
El futuro de nuestras
pensiones, que es el de todo el país, no puede depender de tormentas
económicas, sea cual sea la razón que las provoque, del color del Gobierno, o
de las decisiones de instituciones internacionales. Por ello, hay que
blindarlas en la Constitución. Ni recortes. Ni privatización.