Tras la última reunión sobre el teletrabajo en la AGE os
informamos de los avances, que son pocos, que ha habido:
·
El teletrabajo tendrá carácter voluntario y
reversible, salvo en supuestos excepcionales (eso de ‘supuestos
excepcionales’ suena a cajón de sastre por el que se puede colar lo que a la
Administración le venga bien al igual que ocurre con las ‘necesidades del
servicio’ o la últimamente tan socorrida ‘siempre que haya disponibilidad
presupuestaria’). Veremos en qué queda la cosa.
·
En otro orden de opacidades a las que nos tienen
acostumbrados los ‘negociadores’ todo apunta a que no se contará con la parte
social para determinar qué puestos serán susceptibles de teletrabajo, ni tampoco
consideran necesario que dicha información figure en la RPT para asegurar el
general conocimiento por parte de las trabajadoras y trabajadores.
·
Tal y como ha propuesto la FAC-USO en
diferentes notas informativas se fijarán unos objetivos, que por supuesto no
deben ser ni diferentes ni superiores en ningún caso a los que se esperarían en
modalidad presencial (lo contrario sería un despropósito).
·
Se admite, sin especificar a qué aspectos puede
afectar, que la negociación de las peculiaridades de cada Ministerio se
realicen previa negociación en la Mesa Delegada (esperemos que esto no sirva de
excusa para retrasar la implantación del acuerdo todavía más de lo que ya se ha
demorado, aunque mucho nos tememos que será así).
·
Sobre el acceso al teletrabajo, la propuesta es que se
realice mediante convocatorias periódicas y hablan como mínimo con carácter
anual o bien por medio de un sistema de gestión permanente de solicitudes. Desde
la FAC-USO exigimos que el sistema sea el de gestión
permanente de solicitudes, solo faltaba que hubiera que esperar a una
convocatoria anual para poder ejercer un derecho recogido en la ley y que para
muchos y muchas puede suponer la diferencia entre poder conciliar o no.
·
Los requisitos de acceso al teletrabajo serán estar en activo y
acreditar una antigüedad mínima en el puesto de un año, entra dentro de lo
razonable el que sea así, pero esperemos que no les de por introducir alguna
ocurrencia de última hora que dificulte el acceso al teletrabajo.
·
Se mantendrán los mismos derechos y deberes que en la modalidad
presencial, aunque esto debería de darse por hecho esperamos que quede
negro sobre blanco, por lo que pueda pasar.
·
Se tendrá derecho a una adecuada protección en materia de
seguridad y salud en el teletrabajo de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente, como no puede ser de otra manera la carga debería recaer
en la Administración y no en el trabajador, aunque viendo cómo negocian los
presentes en la mesa cualquier cosa puede ocurrir.
·
La Administración proporcionará los medios
tecnológicos necesarios para el desarrollo de la actividad y la formación
necesaria. Desde la FAC-USO creemos que es una buena noticia que por fin se haya entrado en razón,
pero es insuficiente, solo se habla de medios tecnológicos y ¿Qué pasa con
los medios materiales que puedan ser necesarios y con el mobiliario para
realizar la labor? ¿Los pondrá el trabajador o trabajadora? Supuestamente se
mantendrán los mismos derechos y deberes que en la modalidad presencial, sin
que pueda sufrirse perjuicio alguno en las condiciones de trabajo
(retribuciones, tiempo de trabajo, formación, carrera profesional, etc.), habrá
que ver si esto se cumple o no.
·
Se podrá establecer un horario fijo de disponibilidad y
localización. La Administración pretende introducir en el texto el
establecimiento de medidas de control del cumplimiento de jornadas y
seguimiento del trabajo. Y volvemos a la cultura del presentismo, resulta
que por un lado nos dicen que se establecerán unos objetivos, pero lejos de
dejar a criterio del funcionario o funcionaria en qué momento realizarlos se
pretende establecer un horario fijo de presencia y para colmo controlado,
veremos a ver de qué forma pretenden hacer eso. Desde FAC-USO
nos
preguntamos, ¿Para qué? Si pretendemos tener una Administración del siglo XXI
no podemos tener un sistema de trabajo del siglo XIX, pero parece que no lo
entienden.
·
Las condiciones del teletrabajo se incluirán en un acuerdo que
contendrá: Jornada y horario, Tareas, Objetivos,
ubicación, duración de la autorización, etc. También recogerá las condiciones
de la posible prórroga que en ningún caso excederá los dos años.
·
Se propone una única modalidad de teletrabajo (3+2), para
que dejar libertad de opción si podemos imponerlo, como el horario.
·
La Administración propone para la España vaciada, una modalidad
que supone un porcentaje menor de trabajo presencial, eliminando el porcentaje
que representaría el trabajo presencial en dicha modalidad (antes los fijaba en
un 10% en cómputo mensual).
Desde FAC-USO vemos como transcurre la negociación con perplejidad
no sólo por la tardanza en tener algo en firme también por el contenido del
futuro acuerdo. Lejos de representar un avance hacia un modelo de trabajo
moderno, dinámico y adaptado a las necesidades tanto de la Administración como
del personal funcionario, vemos como se pretende imponer un modelo arcaico, con
tintes decimonónicos y que en nada ayuda a conseguir el objetivo, si es que ese
ha sido en algún momento, de tener una Administración del siglo XXI. Por ello
desde la FAC-USO lanzamos una serie de propuestas que esperamos sean tenidas en
cuenta por los presentes en la mesa, aunque mucho nos tememos que no será así.
Dichas propuestas son las siguientes:
1. Transparencia
total a la hora de determinar los puestos susceptibles de teletrabajo.
2. Que
la negociación de las peculiaridades se haga en los diferentes ámbitos (Comités
de Empresa y Juntas de Personal) y no en la Mesa Delegada que probablemente
desconozca dichas peculiaridades.
3. Trabajo
por objetivos y tareas programadas semanalmente.
4. Sin
horario fijo de ningún tipo, que sea el funcionario o funcionaria quien se
organice.
5. Modalidad
de teletrabajo a libre elección (3+2, 4+1…) y sin establecer un periodo máximo
de permanencia en dicha modalidad.
Mientras esto no se consiga no tendremos un teletrabajo de verdad
que sirva para conciliar y que no recorte derechos a las trabajadoras y
trabajadores.
