El nuevo incremento del paro en agosto pone de manifiesto la inutilidad de las reformas emprendidas.
La Unión Sindical Obrera (USO) lamenta que el Gobierno inicie el curso político con un nuevo suspenso: las prisas por aprobar durante el verano una reforma que mejorase nuestro mercado laboral no han dado resultados, y ello se evidencia con un nuevo incremento de desempleados en un mes que tradicionalmente es favorable al aumento de la ocupación por la estacionalidad del mismo.
El Gobierno debería preocuparse más por acabar con la destrucción de empleo y no tanto por cómo despedir más fácil y más barato o recurrir tal y como plantea la reforma laboral al “despido preventivo”. Con casi 5 millones de personas registradas esperamos que no nos vuelvan a contestar que hemos tocado techo.
El anuncio de la salida de Corbacho del Ministerio de Trabajo e Inmigración debería llevar consigo la retirada de la Reforma Laboral impulsada desde su Ministerio. Para USO no vale ser el responsable de una mala iniciativa legislativa que no servirá para facilitar la generación de empleo, sino para convertir el existente en más precario elevando las tasas de temporalidad, y abandonar el barco antes de que éste llegue a puerto.
Desde USO pensamos que, ante la situación económica y de nuestro mercado laboral, el presidente del Gobierno debe proceder a un cambio radical en la política económica y de empleo. Y si para ello es necesaria una remodelación en profundidad del ejecutivo, debe proceder a ella de manera urgente y no esperar al goteo de los abandonos por parte de miembros del ejecutivo que buscan mejor acomodo en los futuros procesos electorales.
Si ese cambio de gobierno va ser la respuesta del Presidente a la convocatoria de huelga general del próximo 29 de septiembre, desde USO le decimos que eso no será suficiente. Que tiene que actuar ya y dejar de consolarse a sí mismo, porque a los más de 4,5 millones de parados no los está consolando.
Se presentó ayer en Tenerife, durante una rueda de prensa en La Laguna, nuestro rechazo al anteproyecto de Ley de Función Pública Canaria.
Se pone en marcha la maquinaria de la PLATAFORMA UNITARIA en defensa de la Administración Pública Canaria, con la constitución de una iniciativa de los Empleados Públicos de Canarias, por unos servicios públicos eficientes e independientes de la actividad política en Canarias.
Desde el punto de vista de USO, CC.OO., UGT, SEPCA, I.C., CO.BAS, ASIPAL, CSC, CSI.F, OCEPS, SIC, y UCPL , el borrador que ha elaborado el Gobierno Canario "supone una importante merma de los derechos laborales y un riesgo para el estado de bienestar de los Empleados Públicos ".
La redacción actual supone un acoso laboral, con una evaluación negativa puedes perder el puesto que consigues en un concurso de méritos, descender de nivel, no considerarse la antigüedad como mérito y, además, tienes que esperar hasta 2013 para participar en concursos y promocionar, siempre que ya esté definido el sistema de evaluación.
Reivindicamos un sistema de derechos de estabilidad, de carrera profesional y evaluación objetiva de nuestra labor, que no está en absoluto garantizado por la indefinición del anteproyecto de la Ley de Función Pública Canaria sobre la evaluación del desempeño.
Prácticamente, "estariamos sometidos a presiones, amenazas y acoso laboral".
Otro factor que nos preocupa es el de la prestación económica complementaria al subsidio por incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El uso que se pretende dar a la inspección médica propia de la Administración Autonómica es contraria a la normativa reguladora del Sistema Nacional Sanitario y de Seguridad Social , pues la competencia para dar altas médicas corresponde fundamentalmente a los médicos de cabecera .
Aparte de todo esto, se ha extendido el temor a los expedientes de regulación de empleo encubiertos, ya que el personal laboral fijo se convertiría en funcionario interino, teniendo que concursar a su vacante por oposición libre, y el personal indefinido podría ver amortizada su plaza.
Desde la USO, se informó a los medios de comunicación, que el Gobierno de Canarias, no ha dejado participar en este anteproroyecto de Ley a más de 36 mil Empleados Públicos de las Administraciones Locales, a los 7 Cabildos Insulares y a 88 Ayuntamientos y a sus Organismos Autónomos, denunciando la falta de dialogo del Gobierno de Canarias con todos sus Empleados Públicos, beneficiando a aquellas personas afines a los partidos políticos y que carecen de cualficación profesional en el sector público.
La plataforma están solicitando a todos los grupos políticos municipales que presenten mociones en los plenos para instar al Gobierno de Canarias a que paralice el tramite Parlamentario y se remita de nuevo el texto al Gobierno de Canarias para su debate en un foro donde tengan participación los representantes de los Ayuntamientos, Cabildos y los representantes sindicales de estos ámbitos.
La Unión Sindical Obrera ante la subida interanual del IPC que se sitúa en el 1,9%, prácticamente duplicando la previsión para el conjunto del año que hizo el Gobierno, considera que una vez más las actuaciones del Ejecutivo no ayudan a la deseada recuperación económica, y sus previsiones vuelven a errar.
Esta subida de precios pone de manifiesto que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, llegando a final de mes con mayores dificultades, y ello hace que disminuya el consumo, especialmente en este período estival en que buena parte de la ocupación esta ligada a él poniendo en riesgo el empleo estacional propio de este período.
Ésta subida empieza a recoger los efectos de la subida del IVA, y de manera muy especial la subida de la electricidad y del gas producida en el mes de julio. Alguien del gobierno tendría que explicar a los ciudadanos como se puede subir un 8%, más 2 puntos adicionales del IVA, un bien esencial como es la electricidad y pedirles moderación salarial.
Desde mayo de 2010, el colectivo de MUFACE puede beneficiarse del uso de la Tarjeta Sanitaria Europea. Esto supone que los mutualistas y beneficiarios de MUFACE, en sus desplazamientos temporales por Europa, podrán acceder a los servicios públicos de salud de los países que visitan al igual que lo hacen en la actualidad los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social.
Los Estados donde tiene validez la Tarjeta Sanitaria Europea son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza (*)
Los documentos acreditativos para poder recibir la atención sanitaria son:
La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) y el Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) de la Tarjeta.
Ambos documentos tienen la misma validez jurídica plena, son personales e intransferibles (por tanto cada mutualista y cada uno de sus beneficiarios deberán disponer de uno propio) y habilitan a su titular a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante su estancia temporal (por motivos de trabajo, estudios, turismo, etc.), teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia y de acuerdo con la legislación del país de estancia.
Por ello, dado que para sus propios ciudadanos algunos países establecen que anticipen el importe de la asistencia (sistemas de reembolso) o abonen parte de ésta (sistema de copago), el Mutualista deberá informarse antes del viaje de las condiciones en las que se presta la asistencia sanitaria pública en el Estado concreto de destino, dado que a pesar de viajar con la TSE/CPS se le aplicarán las mismas reglas que a los ciudadanos del país. Para el colectivo de MUFACE, en el caso de que el interesado haya recibido asistencia en un Estado con régimen de reembolso o copago, puede solicitar que MUFACE le reintegre las cantidades satisfechas conforme a la normativa propia de la Mutualidad. Los mutualistas y sus beneficiarios pueden solicitar la TSE/CPS:
·En las oficinas de los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUFACE
·A través de "Muf@ce - Directo", con Certificado Digital
(*) No obstante, aún no ha sido adoptada la normativa para la aplicación de la nueva reglamentación comunitaria por los países europeos Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Es en virtud de esta nueva reglamentación por la que MUFACE emite el CPS, por ello, puede ocurrir que las instituciones sanitarias o de seguridad social de esos países no admitan la TSE/CPS.
Lo que la USO viene denunciando desde hace años, parece que va saliendo a la luz poco a poco: ¡Privatización del Sector Público! Y además de forma escandalosa, creando Agencias Públicas, en donde se ubicaran puestos metidos a dedo en la mayoría de los casos, con otros provenientes de la propia Administración que accedieron tal como dispone la Ley, mediante oposición pública, bajo criterios de Igualdad, Merito y Capacidad, incluyendo la Publicidad de estas convocatorias ya sean laborales o funcionarios. Pero resulta que para los políticos todo vale en la gestión de personal y todas las leyes se las pueden pasar por "su magnífico y gordo arco del triunfo".
En resumidas cuentas y por poner un ejemplo: Hasta hace poco los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependían del Ministerio de Fomento (Administración del Estado), y debido a las presiones que desde la Junta de Andalucía hicieron, se transfirió la competencia y los trabajadores a la Administración Autonómica, hasta ahí todo legal, ya que se integraron dentro de la Consejería correspondiente (Medio Ambiente). El problema comienza, cuando quieren crear una nueva Agencia llamada de Medio Ambiente y Agua (por decreto-ley), en donde ubicarían a todos los trabajadores que están destinados en la Consejería correspondiente y los que había en la antigua Agencia del Agua, todos ellos con diversas relaciones jurídicas (funcionarios y laborales), diversos convenios laborales y sobre todo, diversas retribuciones.
A los funcionarios les exigen, o bien renunciar a alguno de sus complementos salariales o que se busquen la vida en otro sitio. A los laborales, se les quiere modificar su contrato laboral pasando de fijo a indefinido, sabiendo que existen graves problemas a la hora de promocionar o trasladarse con ese cambio (lo estamos sufriendo en muchas Administraciones). Y por último, estas Agencias se podrían eliminar por decisión política, por lo que se abre la puerta a los EREen la Junta de Andalucía. ¿Quién decía que no se podía despedir a empleados públicos?
Esto es lo que los políticos luego venden en sus reuniones, como un ejemplo de buena gestión…..que consiste en crear Empresas Públicas para meter a sus "correligionarios" políticos y a los amigos. En resumen, miles de puestos pagados del erario público para pagar cargos "semipúblicos", pero muy agradecidos a los actuales gestores de la Junta de Andalucía.
Desde la USO, rechazamos cualquier intento de menoscabar los servicios públicos, y sobre todo, rechazamos de forma contundente cualquier tipo de regresión en los derechos laborales de los 746 trabajadores transferidos en su momento desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivira esta Agencia que se creará para satisfacer el ego de políticos deseosos de acaparar mayor poder exigiendo transferencias innecesarias y así premiar a los "paniaguados" compañeros de partido.
¡¡¡NO A LA REGRESIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS!!!
Una vez más nuestros “colegas sindicales”, se han levantado de la Mesa de Negociación, alegando que la Administración, con la aplicación del Decretazo al Personal Laboral, se ha saltado el principio básico de la obligatoriedad de lo pactado, y que ellos no quieren ser “testigos pasivos” de esa situación.
En relación al Concurso de traslados la Administración informó que, una vez más, se incumplirán los plazos de convocatoria, y que únicamente se convocarán las plazas cubiertas por adscripción provisional y reingreso (400 plazas aproximadamente, en lugar de las 1400 vacantes existentes en la actualidad).
Unir a las centrales sindicales contra SU escandalosa Ley de la Función Pública Canaria.
Con motivo de la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias de impulsar una nueva Ley de la Función Pública de Canarias, sin el necesario consenso de todas las partes implicadas en el mismo, las organizaciones sindicales de Canarias han conformado una iniciativa sindical al objeto de propiciar el debate necesario entre todos los afectados por este borrador, como serían los ciudadanos, los Empleados Públicos, las instituciones municipales y supramunicipales, los cabildos insulares y su federación de islas, organizaciones sindicales y asociaciones ciudadanas.
Para ello, las organizaciones sindicales A.S.I.P.A.L., CC.OO., CO.BAS, C.S.C., C.S.I.F., I.C., O.C.E.P.S., S.E.P.CA, S.I.C., U.C.P.L., U.G.T., U.S.O.; todas ellas con representación en la Administración Autonómica, docente o Ayuntamientos de Canarias han decidido la “Constitución de la Iniciativa para la Defensa de lo Público en Canarias y Pacto por la Defensa de los Derechos de los Empleados Públicos de Canarias”, donde prime el interés publico, y no el interés partidista del partido que gobierna ahora en Canarias. Dicha constitución se conformará por dichas centrales sindicales a principios del mes de septiembre y por todas las centrales sindicales que se quieran adherir a ésta iniciativa.
Se insta al Gobierno de Canarias a establecer contactos con los representantes de los Empleados Públicos del Sector de la Administración Local, y de la FECAM y la FECAI. Elsector de la Administración Local en Canarias, lo conforman más de 36.000 empleados públicos.
Se denuncia la falta de voluntad negociadora por parte del Gobierno de Canarias, en detrimento de los ciudadanos y por la defensa del sector público. Las Centrales Sindicales, no serán quienes rompan con las negociaciones que se están celebrando, pues entendemos que somos garantes de la independencia, la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública. No así de los desmanes políticos, que se infringe por los gestores nombrados por los políticos de turno. Algunos de ellos, con más de 30 años como profesionales políticos, y en situación de servicios especiales en la propia Administración Pública.
Respecto a las declaraciones del Sr. Ruano en relación a que los sindicatos no quieren que se evalúe a los funcionarios, manifestar que las organizaciones sindicales SI están por la labor que se evalúe el trabajo de los Empleados Públicos (no tenemos nada que esconder), pero NO estamos de acuerdo, bajo ninguna manera, el como lo quiere hacer el Gobierno en su proyecto de Ley que se esta discutiendo, pues intentan poner un “yugo “ a los Empleados Públicos para que hagan lo que les dicen los políticos, bajo la amenaza de bajarles más el sueldo o perder su puesto de trabajo.
Así mismo en relación a la información aparecida en los medios de comunicación sobre la eficacia y la productividad de los Empleados Públicos de Canarias mostramos nuestra extrañeza que no se entre a valorar la gestión de los políticos que han dirigido y dirigen las distintas Administraciones Publicas Canarias , no siendo de recibo, que quienes han utilizado la Administración Pública como su “chiringuito de playa”, intente agitar la bandera del escaso rendimiento profesional, de los cualificados Empleados Públicos. ¿Por qué tenemos que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas, la mala gestión realizada por los políticos canarios?
¿Quién oculta la mala gestión de los expedientes administrativos en las diferentes Administraciones Públicas?, ¿Por qué cuando los Empleados Públicos exigimos responsabilidades patrimoniales a los gestores políticos, estos expedientes se olvidan en los cajones de los gobernantes?
¿Quiénes imputan gastos personales a las cuentas públicas?, ¿Cuántos cargos políticos, han pasado directamente de la Universidad a ostentar cargos directivos en la Administración, sin una oportuna valoración de sus méritos?, ¿Quién valora su desempeño, o mejor su ineptitud en sus puestos?
Las centrales sindicales que forman esta plataforma seguirán trabajando durante el mes de agosto para proponer mejoras a la Ley y organizar acciones, si fuera necesario, si el Gobierno sigue adelante sin el consenso de todos y todas.
El pasado 5 de julio, ante el Juzgado Central, hemos presentado Recurso contencioso administrativo contra la Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas.
La pretensión fundamental de este Recurso es obtener la nulidad de la Resolución, entre otros motivos, por haber sido dictada en aplicación de un Real Decreto inconstitucional que vulnera el derecho a la negociación colectiva
reconocido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el EBEP, al no haberse negociado con las organizaciones sindicales y afectar a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los empleados públicos. Apoyado en numerosa jurisprudencia, el recurso presentado por la USO se basa en que no es posible disminuir el montante consolidado de las retribuciones salariales, porque opera el concepto de “derechos adquiridos”, como avalan las sentencias que adjuntamos. En la propia demanda solicitamos al Tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
También hemos comenzado ya a presentar recursos similares contra todas las Resoluciones dictadas por las CC.AA, Entes Locales y demás AAPP que hayan acordado reducciones salariales.
La Administración, en este caso el Ministerio de Presidencia, con la Vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega a la cabeza, no ha digerido bien el Auto del TSJ en el que daban la razón a USO, y reconocían nuestro derecho a estar en la Mesa General de la AGE y en todas las Mesas Delegadas.
El grado de cabreo de la Administración, se ha visto reflejado en los comentarios vertidos por la Directora General de Función Pública, nuestra "querida y admirada" Cristina Pérez-Prat, manifestando que la USO la "insulta" (?), sin que haya sido capaz de definir qué tipo de insulto hemos vertido contra ella, a no ser claro, que llamarla sectaria o poco objetiva, sea un insulto, cuando la realidad ha demostrado que su comportamiento ha sido poco objetivo y alejado de la legalidad, esto también es un hecho que lo prueba un Auto Judicial que coloca las cosas en su sitio.
Además hemos demostrado legalmente, mediante los certificados acreditativos emitidos por el Órgano responsable (Ministerio de Trabajo), le guste o no le guste a la Directora General, que la USO es un sindicato representativo en la AGE.
Las preguntas que nos hacemos desde hace mucho tiempo, visto el comportamiento de los actuales gestores de la AGE, son las siguientes: ¿Qué tienen que ocultar en las Mesas de Negociación, para intentar impedir por todos los medios que la USO esté presentes en ellas? ¿Porqué molesta tanto la USO y se intenta ignorar su condición de sindicato representativo en la AGE?
En la USO tenemos muy claro, que seguiremos en la misma posición sindical de siempre, con nuestras propuestas hechas desde la independencia sindical (sin dar ningún cariño al actual gobierno) y denunciando los comportamiento antisindicales de los actuales gestores.
El Tribunal Superior de Justicia, ha resuelto conceder la media cautelar solicitada por USO, en referencia a nuestra exclusión en la Mesa General de la AGE y por lo tanto, en todas las Mesas Delegadas, Comisiones Técnicas o de Trabajo dependientes de la misma.
USO es miembro de pleno derecho de la Mesa General de la AGE y debe serconvocada a cualquier reunión que se convoque, ya que queda suspendida la exclusión adoptada en abril de 2010.
USO debe participar y ser convocado a las Mesas Delegadas, ComisiónTécnicas o de Trabajo dependientes de las mismas, a todas la reuniones que se celebren en los Departamentos Ministeriales o/y Organismos Autónomos.
Esta decisión tomada por el Tribunal Superior, ratifica lo que manifestamos en algunos comunicados, la Administración ha actuado de forma "torticera" y alejada de la objetividad, causando voluntariamente perjuicios sindicales a la USO ycomportándose de forma sectaria. No descartamos que hayan tenido un comportamiento ilegal, y presuntamente "prevaricador".
A partir de este momento, una vez restaurados los derechos sindicales vulnerados porla Administración por el TSJ, debemos manifestar una vez más la grave carencia delibertad sindical que tenemos en España. Donde los sindicatos "más representativos"(UGT y CCOO, junto con algún otro sindicato en las AAPP, siempre preparado para salir en la foto y poco más, como Csif), son capaces de cualquier cosa, con tal de"eliminar" de cualquier forma, el avance del sindicalismo verdaderamente independiente, con propuestas diferentes y con otra forma de actuar. Eso parece que les molesta, y como además, estos "colegas sindicales" tienen una carga política importante en su seno y "lazos" fraternales con el actual Gobierno socialista, este mismo Gobierno con la Vicepresidenta Mª Fernández de la Vega a la cabeza, junto con otra antigua sindicalista de Ugt, como la Secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, han sido capaces de orquestar en la Mesa General de la AGE, una exclusión de la USO injusta, sectaria e ilegal.
La USO seguirá en su misma línea sindical, ahora y siempre, les molestennuestras propuestas o nuestra presencia en las Mesas de negociación. Creemosen la independencia sindical, frente a las Administraciones y sus gestores, y en laactual situación económica que vivimos y sobre todo, en la mala gestión quepadecemos en el Sector Público, es el momento de la regeneración sindical, y un primer paso sería, exigir a la Administración un comportamiento más objetivo y menossectario.
Publicado en el BOE del 3 de Julio. Plazo presentación solicitudes: del 4 al 23 julio. Edad límite 32 años y categoría de permiso de conducción A2 y B, con habilitación BTP o equivalente.
jueves, 8 de julio de 2010
La USO ha presentado Recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas.
La pretensión fundamental de este Recurso es obtener la nulidad de la Resolución, entre otros motivos, por haber sido dictada en aplicación de un Real Decreto inconstitucional que vulnera el derecho a la negociación colectiva reconocido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el EBEP, al no haberse negociado con las organizaciones sindicales y afectar a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los empleados públicos.
Apoyado en numerosa jurisprudencia, el recurso presentado por la USO se basa en que no es posible disminuir el montante consolidado de las retribuciones salariales, porque opera el concepto de “derechos adquiridos”, como avalan las sentencias que adjuntamos.
También creemos que ha existido una vulneración del articulo 9.3 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las Leyes, así como del articulo 14, que garantiza el principio de igualdad.
Por ello, en la propia demanda solicitamos al Tribunal que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Creemos que ha habido una grave y flagrante vulneración del Texto Constitucional ya que el mismo se ha adoptado en ausencia de extraordinaria y urgente necesidad, y además afecta a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos al discriminar por sus circunstancias personales a unos empleados públicos respecto a otros.
