Como ya os
informábamos ayer en esta misma Web, en el BOE
de 22 de abril se ha publicado el R.D. de Medidas Urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo justificado por la necesidad de aplicar con
carácter de urgencia medidas que ayuden a mitigar los efectos adversos que la
actual pandemia está provocando en la economía y el empleo.
Y aunque la última reestructuración ministerial
determinó que el Régimen de Clases Pasivas se integraba en el nuevo ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la FAC-USO nos sorprende
la forma empleada y nos preocupa el fondo del cambio efectuado, así como la
deriva futura que conlleve.
Con carácter previo, y a la vista de las muchas
consultas y dudas que nos han llegado a la USO, consideramos
necesario aclarar algunas cuestiones:
Los funcionarios de la Administración General del
Estado están encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado, uno de los regímenes especiales del Sistema de
Seguridad Social español.
Este Régimen especial cuenta con dos mecanismos de
cobertura complementarios: a) El Régimen del Mutualismo Administrativo que está
formado por 3 grandes mutuas: la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE) Organismo Público dependiente del Ministerio de Política
Territorial y F.P., la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
Entre las tres proveen servicios a aproximadamente
a 1,8 millones de personas, distribuidos en un 65% de asegurados de MUFACE, que
es la que cuenta con un mayor volumen, seguida por ISFAS, con el 30% y, por
último, por MUGEJU, con el 5%. b) EL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS, que hasta ahora
había sido gestionado por la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, y que tiene las competencias para el reconocimiento de los
derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de clases pasivas
(jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares).
También están incluidos funcionarios docentes y de
Universidades, entre otros colectivos.
Pues bien, de entrada, lo que se modifica es sólo
la gestión del Régimen de Clases Pasivas.
Desde la USO desaprobamos
estos cambios incluyéndolos dentro de un R.D. de medidas urgentes por el COVID,
cuya urgencia e incidencia en la economía y el empleo no se ha justificado, o
en todo caso no se ha explicado con claridad.
La explicación que da la norma es que el
procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria que hubieran requerido los
cambios normativos para la integración del Régimen de Clases Pasivas en
Seguridad Social “generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una
materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la
ciudadanía”.
En USO
no compartimos esa “motivación”. La ciudadanía en general no hubiera sentido
ningún tipo de incertidumbre si la gestión de las Clases Pasivas hubiera
seguido como hasta ahora, todo lo contrario, este cambio sí que ha generado
incertidumbre e inseguridad entre los mutualistas del mutualismo administrativo
y los pensionistas de clases pasivas por lo que no entendemos qué razones han podido
llevar al gobierno a cambiar un modelo de gestión que funcionaba, sobrecargando
las entidades gestoras de la seguridad social ya de por si muy saturadas de
trabajo incluso antes del inicio de la crisis sanitaria.
En USO
nos preocupa sobremanera que la intención real que se oculta detrás de este
“cambio de gestión” sea la de ACELERAR LA SUPRESION DEL SISTEMA DE CLASES
PASIVAS, algo que se inició tras 84 años de vigencia con el Real Decreto-ley
13/2010, que dispuso desde el 1 de enero de 2011 todos los funcionarios de
nuevo ingreso quedaran encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social
para aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social y extinguir
progresivamente el sistema de clases pasivas.
Preocupa sobremanera, y esto si que ha provocado
inseguridad y alarma, la manifestación del ministro Escrivá en su toma de
posesión: “Perseguiremos tener una visión de todo el conjunto del sistema de
pensiones, porque nuestro objetivo es reforzar la solvencia y suficiencia del
sistema de pensiones y dar certidumbre a los pensionistas a corto, medio y
largo plazo”, de conformidad, al parecer, con el acuerdo programático entre el
PSOE y UNIDAS PODEMOS para que el gobierno de coalición pudiera reorganizar la
Seguridad Social “dotándo de mayor eficacia la gestión con menores
costes".
Conviene recordar aquí la falta de conexión
existente entre las retribuciones percibidas en activo y los haberes
reguladores de clases pasivas, dando lugar a un esfuerzo contributivo que puede
ser muy desigual dentro de cada grupo de cotización, algo que no ocurre en el
Régimen General de la Seguridad Social (en el que se cotiza sobre salarios
reales). Habría que recordar asimismo que los funcionarios de clases pasivas
cotizan por las prestaciones farmacéuticas un 30%, mientras que los jubilados
en el Régimen General de la Seguridad Social lo hacen al 10% con topes
mensuales.
Por todo ello desde la USO queremos dejar
clara nuestra oposición a un cambio que no se justifica, que aparece encubierto
dentro de otra norma para alegar una urgencia que no vemos, poniendo en riesgo
una gestión que estaba funcionando con normalidad, por lo que sospechamos que
puedan existir realmente motivos programáticos e ideológicos más que razones
objetivas o de interés general.
