El
último informe del Fondo Monetario Internacional, ha vuelto a insistir en que
el Estado debe financiar la salida de la crisis al mismo tiempo que exige una
reforma de las pensiones en España que incentive los planes privados.
Por otra parte, recientemente la AIReF abogaba por implementar un mecanismo similar al factor de sostenibilidad en el caso en el que no se aplicara en 2023 como está previsto. Defendía además hacerlo cuanto antes para poder realizarlo gradualmente y generar menos rechazo en la población. Al mismo tiempo, el Banco de España recordaba que cada año que se retrasa la jubilación se ahorra un 0,9% del PIB.
Otras
alternativas
Sin
embargo, lo que no se ha escuchado son otras alternativas. La MERP, de la que
forma parte USO, defiende todos los ámbitos de debate y escuchar todas las
alternativas, algo que no está en estos momentos al alcance de la mayoría de la
población. Por eso, la MERP lanza la campaña “El candado de las pensiones”, con
el objetivo de avanzar en la exigencia de su blindaje constitucional,
prohibiendo de forma explícita su privatización y la pérdida de poder
adquisitivo.
Los
planteamientos del FMI, el Banco de España, la AIReF y, lógicamente, de
Inverco, insisten en la necesidad de apoyar los planes privados de pensiones,
en sus diferentes versiones. Desde la MERP no nos oponemos a las pensiones
privadas, pero no aceptamos que se haga negocio a costa de la degradación del
sistema público de pensiones. Ante una crisis como la actual, sin un candado
constitucional que dé certidumbre a las pensiones, su deterioro puede
convertirse en negocio. Y eso, no se debe permitir.
Blindar
las pensiones en la Constitución es una cuestión de razón social y humanitaria.
Teniendo en cuenta que la crisis genera mayor “agresividad” y las mayores
turbulencias económicas, prohibir de forma explícita la privatización de las
pensiones en la Carta Magna es un seguro de futuro, una garantía de estabilidad
y equilibrio social y económico.
Por
eso llamamos a toda la población a promover y difundir el candado que
representa el blindaje constitucional de las pensiones, en sus balcones, en las
redes, en los barrios, en sus puestos de trabajo, etc. De ello depende las
actuales pensiones y las de los pensionistas del futuro, que aún no han
empezado a trabajar.