Los trabajadores de Canarias se muestran preocupados por un recorte del 30% de la plantilla que impedirá gestionar a tiempo ERTE y las prestaciones del paro
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no gana para disgustos. Tras más de un año de estar en el candelero por los ERTE, al ser el organismo encargado de su tramitación y la de los pagos de las prestaciones, y haber sido objeto de un ataque informático a principios de marzo que ralentizó los cobros, el SEPE vuelve a la primera línea.
En esta ocasión el motivo es el despido previsto de 1.500 interinos que fueron contratados en 2020 para poder hacer frente a la «avalancha» de trabajo que llegó con la covid y los ERTE. Año y medio después los ministerios de Hacienda y Función Pública no quieren prorrogar esos contratos, con lo que el servicio, deficitario de por sí, no tendrá capacidad para hacer frente a la carga de trabajo. Desde el Ministerio de Trabajo, que lleva Yolanda Díaz, aboga por prorrogar esos contratos para evitar un nuevo colapso este verano. El Gobierno rescindirá 500 contratos en junio; 500 en septiembre y 500 en diciembre.
La representante de USO y trabajadora del SEPE en Las Palmas, Yaiza Santana, advierte del «caos» que se va a volver a producir si no se prorrogan los contratos de los interinos.