El Plan de
Formación en Igualdad y no Discriminación 2020 – 2022 contribuye al
fortalecimiento de las capacidades de la Administración para la consecución de
una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.
Se estructura en
dos ejes:
1. Igualdad de trato y no discriminación en sentido
amplio.
2. Igualdad entre mujeres y hombres prevención de la violencia contra las mujeres.
Pasados esos 545 días que es el total del año y seis meses de baja, la Incapacidad Transitoria se extingue, pero sus efectos pueden ser prolongados como máximo 730 días (Ley General de la Seguridad Social, artículo 174.2) . Durante la prolongación, la empresa no está obligada a cotizar, pero el trabajador sigue cobrando la prestación correspondiente. Pues bien: si tras recibir el alta el trabajador no está conforme, la podrá impugnar.
Desde la FAC-USO nos ponemos nuevamente a disposición de todos nuestros Afiliados/as en particular y de todos los Trabajadores/as en general, que consideren que puedan encontrarse en situación de CONTRATACIÓN EN FRAUDE DE LEY, y estén interesados en reclamar, para que puedan hacerlo a través de nuestros Servicios Jurídicos, tanto en vía administrativa previa, como en vía judicial -Social o Contencioso Administrativa- solicitando se les declare, según los supuestos, trabajador fijo de plantilla, funcionario de carrera, o situación análoga, que le permita obtener la fijeza en el puesto de trabajo que viene desempeñando.
Las patronales ASADE y AESTE junto a los mal llamados “sindicatos más representativos” han presentado al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, un plan de choque con medidas para implementar el sector de servicios para la dependencia y evitar la situación generada en las residencias por la covid-19.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
2 de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno
canario contra la anulación cautelar de la resolución de la Dirección General
de la Función Pública del Gobierno de Canarias por la que trataba de establecer
la obligatoriedad para los empleados públicos de la Comunidad canaria de tomar
el 60% de sus vacaciones antes del 30 de septiembre de 2020.
En cumplimiento del Real Decreto-ley 16/2020, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas, y en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante vía telemática. Todo ello siempre que se disponga de los medios técnicos necesarios y se garanticen los presupuestos procesales del procedimiento en cuestión.
Los trabajadores y trabajadoras afectados han solicitado que el presidente, Pedro Martín, paralice el despido masivo del personal adscrito a la empresa pública Ideco ya que no existen motivos objetivos para realizarlo y proteja a los empleados públicos. Se produjo una gran participación de la población en la citada concentración.
